Cartas al Director

La pobreza cae poco

Señor Director:

Mirando los resultados de la CASEN recientemente publicados, esto es, sin inspeccionar en detalle la encuesta misma (que no es pública al momento de escribir este comentario), me salta a la vista una cosa. La autoridad presenta la cifra de reducción de la pobreza - desde 14,4% a 11,7% al medirla por ingreso, o desde 20,4% al 19,1% al medirla multifactorialmente -, como una buena noticia para el país, y como el resultado de las favorables políticas públicas que ha realizado la autoridad.

Al respecto, es interesante detenerse a ver la evolución de la pobreza entre las encuestas para ver la tendencia y desde esa óptica apreciar si la reducción de la cifra se ha hecho más rápido o no que antes. Así, desde el 2006 al 2009, la pobreza se redujo 1,3 puntos porcentuales por año. Luego, desde 2009 a 2011 la reducción fue de 1,6 puntos porcentuales por año, mientras que desde 2011 a 2013 la caída fue de 3,9 puntos porcentuales por año, casi triplicando el ritmo de caída del promedio de ambos períodos anteriores.

En esta última CASEN, la disminución de la pobreza fue de sólo 1,4 puntos porcentuales por año, muy por debajo del período anterior. Algo similar ocurre con la pobreza medida de forma más amplia, que sólo cae 0,4 puntos porcentuales por año desde 2013 a 2015, mientras que entre 2011 y 2013 se redujo 2 puntos porcentuales por año, 4,5 veces más.

Entonces es necesario preguntarse si la caída de la pobreza pudo y debió haber sido mayor en un escenario interno más apropiado, con autoridades realizando adecuadas reformas, y así no tengamos que conformarnos con caídas tan pequeñas, ensalzándolas de positivas.

Félix Berríos Theoduloz
Magíster Economía, PUC

MOP y libre competencia

Señor Director:

El 19 de agosto fue promulgada la Ley que perfecciona el sistema de defensa de la libre competencia, que tiene sanciones más estrictas (llegan hasta el 30% de las ventas de o el doble del beneficio económico en casos de colusión). Además, se podrá impedir la generación de contratos con órganos estatales o con aporte Estatal, o no poder adjudicarse concesiones del Estado por 5 años.

Esta última sanción resulta irónica, cuando el primer gobierno de la Presidenta Bachelet adjudicó en febrero de 2010 la concesión del Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación, y 4 años después, a contar de marzo del 2014, en su segundo gobierno haya hecho todo para facilitar la puesta en marcha de esa concesión.

Lo relevante es que el MOP no sólo se excedió en el mandato de las municipalidades involucradas, al incorporar en la concesión servicios de traslado de vehículos, no concesionables según la ley, y lo más grave es que, para que no fracasara la licitación en 2009, incorporó un mecanismo de “Distribución de Riesgo de Demanda y de Cobro entre el Concesionario y el Estado”, a través de un Ingreso Mínimo Garantizado para el concesionario de más de 104.000 UF al año (más de 2 millones de UF en 20 de los 25 años de concesión).

Al momento de la licitación, el MOP no contaba con información real del mercado ni había evaluado su nivel de competencia. Simplemente lo crearon para contar con más oferentes en la licitación, pues estos alegaban incerteza en los ingresos.

Con esto se introdujo una grave distorsión al mercado del traslado de vehículos con grúas en las comunas parte de la concesión. El MOP, en su contestación a la demanda, en el juicio Rol N° 307-2016 que se tramita ante el TDLC, en las pags. 60 y 61 justifica diciendo que “…la tarifa regulada viene a solucionar una posible falla de mercado.” Es un mercado que no estudió, y que el MOP no está llamado a regular ni solucionar. Para eso existe la institucionalidad que regula la libre competencia que el mismo gobierno fortalece ¿?. Ante mercados que naturalmente requieren regulación, el Estado lo hace a través de leyes particulares, como son los servicios eléctricos, redes de distribución de gas, entre otros.

El mismo gobierno que predica su opción por la libre competencia, genera barreras de entrada para nuevas empresas en los servicios de custodia y/o traslado de vehículos, afectando a la vez a micro y pequeños empresarios que aún no saben la razón de la baja en sus ingresos.

Esteban Rodríguez Pinto
Abogado