Cartas al director

Reforma tributaria


Señor Director:
En este muy motivado espíritu legislativo que ha tenido el gobierno de Michelle Bachelet, nos encontramos con dos proyectos que son tímidos en señalar que las hipótesis que plantean, a pesar de que los nombren de manera distinta, son nuevos impuestos.

El primero es en la reforma tributaria, que establece para las sociedades anónimas abiertas una retención del 10% cuando la tasa del global que deban pagar sus accionistas, sea superior al 25% de primera categoría.

Esto, en los hechos, es un impuesto, ya que si no hay renta que atribuir, no hay retención alguna.

El segundo proyecto es el que se presentó el pasado 10 de junio a propósito del paro portuario del año pasado. Dicha iniciativa, establece la creación de un Fondo de Modernización Portuario, que recibirá transferencias del Tesoro Público, pero también de “un aporte a beneficio fiscal correspondiente a 
US$ 0,3, por cada una de las toneladas de carga transferida por las empresas concesionarias de puertos privados, concesionarias de frentes de atraque portuarios y, en el caso de los puertos no concesionados, la empresa pública estatal administradora, en todos los casos, con cargo a éstas”.

El Ejecutivo, en nuestro diseño constitucional tiene amplias atribuciones legislativas, en especial, en materias de administración financiera e impositiva. Por eso es que es tan peligroso y cuestionable que el legislador tributario sea confuso y poco sincero en sus planteamientos y que no quiera llamar impuestos a lo que claramente es. El gobierno podrá hablar de retención o aporte, pero como dice el dicho, aunque el mono se vista de seda, mono se queda.

José A. Riquelme González


Abogado, Profesor Facultad de Derecho Universidad del Desarrollo (UDD)


Educación vs lucro


Señor Director:


En las últimas semanas, el ministro de Educación ha repetido incansablemente que educación y lucro son incompatibles, ya que los dineros que los sostenedores reciben, en lugar de reinvertirlos en calidad, los retiran para su consumo. En el futuro, entonces, se invertirán en “calidad”. Premisas que son obviamente falsas.

Si se están discutiendo las enormes cifras de compra de colegios subvencionados, es un reconocimiento explícito de que los sostenedores no han retirado arbitrariamente las utilidades, sino que se han reinvertido en un proyecto de largo plazo.

Además, el ministro supone que la gestión bajo el régimen público será al menos igual o mejor que con la privada. ¿Cuál es la evidencia empírica o teórica para eso? Prácticamente en todos los países, la evidencia es exactamente al revés y esto se debe sólo a un tema de incentivos. Lo que hay detrás de las declaraciones ministeriales son afirmaciones ideológicas, sin ninguna base científica ni empírica, lo que extraña viniendo de un economista altamente preparado.

Una reforma educacional tiene efectos de muy largo plazo. Basta ver lo que hicieron Aguirre Cerda, Frei Montalva y lo que se ha hecho en los últimos casi 35 años. Por lo mismo, una reforma en educación merece una reflexión serena, sin ideologismos, cuidando el mejor uso de los recursos y basada fundamentalmente en la calidad y equidad. Esto último implica preocuparnos de las diferencias fundamentales entre las regiones y los sectores urbanos y rurales. La rentabilidad social de los recursos sería mucho mayor que el comprar fierros. Errores en estas políticas tienen costos de largo plazo y son muy superiores e infinitamente más difíciles de arreglar que el Transantiago.

Víctor García Ossa


Conflictos de interés


Señor Director:


Opinando bajo el prisma de la tan renombrada transparencia, ¿no debería el intendente de la Región de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, dar un paso al costado, porque con sus intervenciones confirmaría que tendría serios conflictos de interés, que lo hacen ser más parte del delicado problema y no de la solución, tan ansiada por todos los chileno?


Luis Enrique Soler Milla