Cuando el Estado cobra
Señor Director:
La decisión de Subtel de ejecutar las garantías comprometidas por WOM no es un gesto de dureza administrativa. Es la confirmación de que los contratos públicos siguen teniendo consecuencias.
En Chile suele confundirse la comprensión con la impunidad. Cuando una empresa enfrenta dificultades, aparece la tentación de relativizar los compromisos asumidos. Pero la infraestructura pública no puede depender de las vicisitudes de un privado. Si una concesión se adjudica sobre la base de ciertas promesas técnicas y financieras, incumplirlas no puede ser una opción sin costo. Las garantías existen precisamente para eso: para proteger el interés general cuando las promesas fracasan. Sin ellas, las licitaciones serían ejercicios de voluntarismo y la confianza en el Estado terminaría erosionada.
Más importante que el monto cobrado es la señal institucional. Un mercado competitivo necesita empresas que innoven y asuman riesgos, pero también reglas que obliguen por igual a todos. Cuando la palabra empeñada deja de tener consecuencias, el perjudicado nunca es solo el Estado. Es la confianza pública.
LUCIANO AHUMADA
Director escuela de Informática y Telecomunicaciones UDP
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