Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) destacan como uno de los sectores de la economía que tradicionalmente han sido sujetos de apoyo por parte del gobierno. Durante los últimos años, un volumen importante de recursos estatales se ha destinado, por ejemplo, a programas de asistencia técnica y a programas de fomento productivo para este grupo de empresas. La Agenda de Productividad impulsada recientemente por el gobierno no es la excepción, así como tampoco las nuevas medidas impulsadas por ProChile para mejorar la inserción internacional de las empresas chilenas.
Este apoyo, al menos en la opinión pública, tiende a concitar un apoyo político transversal que no es común en otras áreas como impuestos, educación y salud. La pregunta que surge de manera natural es sobre los beneficios sociales de las medidas de apoyo específico a este segmento de empresas. Desde un punto de vista conceptual como empírico, la primera pregunta que una adecuada política pública debiera responder es: ¿Cuáles son las externalidades o fricciones que fundamentan el apoyo a las empresas? Luego, tener una visión más o menos fundamentada de cuáles han sido los beneficios de las políticas de apoyo impulsadas en los últimos años.
Este tipo de análisis es relativamente escaso. Esto puede deberse tanto al limitado grado de cuestionamiento a este tipo de apoyo como a las restricciones en la información disponible. Sin embargo, más allá de cuál es la razón que justifica el status actual de la discusión, es una condición necesaria para una correcta asignación de recursos públicos el poder avanzar en un mayor entendimiento e información sobre el mundo de las empresas y las medidas de apoyo que, eventualmente, se requieren para promover el emprendimiento y la productividad.
En el intertanto es importante considerar algunos hechos. Primero, no existe evidencia que las Pymes generan más crecimiento y menor desigualdad. Segundo, no sabemos si efectivamente tenemos muchas o pocas Pymes y si las políticas públicas de las últimas décadas nos han llevado a un exceso de firmas pequeñas. Tercero, dada la alta heterogeneidad de las Pymes, la evidencia internacional sugiere que este tipo de políticas puede terminar favoreciendo a empresas menos eficientes, deteriorando la productividad agregada. Cuarto, en economías emergentes tienden a haber muchas pequeñas y pocas medianas empresas.
Estos antecedentes no tienen como objetivo plantear que no debieran implementarse medidas pro Pymes, sino más bien hacer hincapié en la necesidad de contar con más y mejores análisis que permitan orientar la asignación de recursos públicos, teniendo claridad respecto al norte que debiera guiar dichas políticas. En términos muy simples, que sea claro si el objetivo es avanzar hacia un país cuya base productiva dependa cada vez más de las Pymes, o queremos propender a un sistema que promueve el emprendimiento y el crecimiento de las empresas más productivas.
(*) Columna escrita junto a Roberto Alvarez
Depto. de Economía, Universidad de Chile.
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