As incertidumbres de la reforma al Código de Aguas
Diego Hernández presidente sociedad nacional de mineríaL
Un amplio debate se ha generado en torno a la reforma al Código de Aguas, que actualmente se discute en el Congreso, iniciativa que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. A partir de este proyecto, los derechos de agua dejarían de ser privados y se convertirían en públicos, entregándole la potestad al Estado para intervenir cuencas, establecer usos prioritarios y limitar el uso de los derechos adquiridos bajo determinadas circunstancias.
La iniciativa ha generado incertidumbre en el sector minero. Existen aprensiones respecto al cambio de modelo que implicaría esta reforma, dado que los derechos de agua constituidos con anterioridad se verían afectados. Si bien la autoridad ha realizado esfuerzos para neutralizar lo anterior, hay algunos artículos que presentan vicios de inconstitucionalidad.
Este proyecto genera también incertidumbre en relación a lo que nuestro sector productivo denomina “aguas del minero”, es decir, aquellas que surgen en forma espontánea durante las faenas. El aprovechamiento de ellas es un derecho que ha reconocido tanto la historia como los distintos códigos de minería, y que busca compatibilizar su aparición con el trabajo de nuestro sector.
En el caso de aprobarse esta reforma, la autorización para la utilización de esas aguas sería entregada por la DGA, la cual, obviamente, también puede denegarla. En ese contexto, hemos planteado algunos inconvenientes. El primero se relaciona con la demora que implicaría la entrega de ese permiso, considerando que la minería ya requiere más de 200 de distinto tipo para operar. Lo otro es saber qué se haría con las aguas durante el tiempo de tramitación, así como qué ocurre con ellas en el caso de que la DGA no apruebe su utilización. Como hemos dicho, esas aguas son las que afloran con la operación minera y han estado generalmente y en forma natural en contacto con el mineral, por lo que la mayoría de las veces no resulta posible o ambientalmente conveniente devolverlas a su curso ordinario, siendo el método más eficiente de disposición –tanto económica como ambientalmente- el utilizarlas con las aguas de la operación.
Nuestra opinión es que la reforma busca redistribuir y administrar el recurso, en lugar de contribuir a disminuir permanentemente su escasez en las zonas del país que la sufren, particularmente en el norte.
En suma, consideramos que la reforma al Código de Aguas carece de una visión de largo plazo, y que estratégicamente debiera estar orientada a solucionar la escasez de un recurso tan relevante para varios sectores productivos nacionales.