Conflictos de interés e independencia para legislar

Claudio Agostini

Claudio Agostini

A propósito de la discusión de la Ley de Pesca en el Congreso, dirigentes de los pescadores artesanales han exigido que se inhabiliten en la votación cuatro senadores que tendrían conflictos de interés por tener vínculos con empresas pesqueras. Más allá de la discusión de esta ley en particular, la preocupación relevante es la independencia con la cual legislan nuestros parlamentarios en general. En el caso de vínculos personales, por relaciones familiares o de negocios, con sectores sobre los cuales se legisla la solución es simple: los parlamentarios deben declarar sus intereses públicamente y abstenerse de discutir y votar en materias en que tengan conflictos de interés.

La solución existe hoy en Chile, pero no hay sanciones por no cumplirla. Además quién debe hacerla cumplir es el mismo Congreso y no un organismo externo independiente. El resultado es que hay parlamentarios que no han hecho su declaración de intereses, hay varios que han votado en proyectos de ley donde tienen conflicto de interés y en ningún caso ha habido sanciones. Mi opinión es que la sanción debiera ser la destitución del cargo parlamentario en caso de incumplimiento.

Una segunda preocupación es el financiamiento de las campañas. Para reducir la dependencia de los legisladores respecto a grupos de interés, se aprobó el año 2003 una reforma que legalizó el financiamiento privado de campañas y estableció financiamiento público. Si bien no sabemos la magnitud del financiamiento ilegal, en las campañas parlamentarias y presidenciales de 2009-2010 los ingresos totales recibidos por todos los candidatos sumaron casi $33 mil millones, un monto no menor del cual 57% proviene de aportes privados y 18% de créditos con instituciones financieras. El problema es que la reforma no transparentó la fuente de fondos utilizada para pagar posteriormente el crédito. Es posible que los candidatos paguen los créditos con los recursos que les entrega el estado por votos obtenidos, pero también es posible que lo pague algún donante, lo que correspondería a una donación ilegal, quién lo pagaría a cambio de favores. Una de las razones por la cuales distintos grupos corporativos pueden contribuir al financiamiento de campañas es para “comprar” legislación favorable.

La evidencia en la literatura académica es que efectivamente los grupos de interés donan a las campañas con el objeto de influir en los legisladores. Adicionalmente, los estudios que muestran que dicha influencia tiene resultados favorables y logra que los legisladores electos modifiquen la redacción de leyes de tal forma de favorecer los intereses de los grupos que les financiaron la campaña, consigan apoyo de otros legisladores para aprobarlas o se opongan a legislación que no los favorece.

Complementariamente, hay otras formas que también son efectivas para influir en legislación favorable para grupos de interés específicos. Una de ellas es el lobby y los datos muestran que, por ejemplo, en Estados Unidos las empresas gastan mucho más en lobby que en financiar campañas. En particular, empresas de sectores históricamente asociados a fuerte influencia política, como las industrias del tabaco, teléfonos y farmacéuticas, si bien gastan el doble que otras empresas en contribuciones a campañas, gastan casi 20 veces más en lobby.

En Chile no hay estimaciones del gasto en lobby, pero dada la evidencia para Estados Unidos una ley que transparente el lobby es claramente complementaria a las leyes que transparentaron en algún grado el financiamiento electoral. Asegurar la independencia para legislar de nuestros parlamentarios requiere entonces que avancemos en al menos cuatro cosas: exigir que declaren todos sus intereses, garantizar que no voten ni participen en la discusión cuando tienen conflicto de interés, en ambos casos con sanciones fuertes por incumplimiento, transparentar el pago de créditos de campaña y regular el lobby para transparentar el rol de los grupos de interés. Le haría bien a la política si lo logramos.