Hay que tomarse la colusión en serio

Claudio Agostini

Cada vez que el Tribunal de Defensa de Libre Competencia condena un caso de colusión en Chile, las empresas condenadas reclaman inocencia total (en otros países las empresas piden disculpas) y apelan para ello a múltiples argumentos, desde la historia de la empresa y las virtudes de sus dueños hasta que la colusión no resultó. Sin embargo, en la argumentación parece no entenderse la gravedad de la colusión ni tampoco lo inaceptable de algunas conductas que suelen ser aceptadas como normales o justificadas como “prácticas comerciales”.

La libre competencia beneficia a los consumidores al ofrecer bienes y servicios al menor precio posible al igual que nuevos y mejores productos. En un mercado verdaderamente competitivo cada empresa intenta atraer más consumidores bajando sus precios u ofreciendo mejor calidad. Por eso es que la competencia genera incentivos para innovar y encontrar formas más eficientes de producir. Cuando por el contrario, empresas competidoras se ponen de acuerdo en precios, las cantidades que produce cada una o se reparten mercados, los beneficios de la libre competencia se pierden y la asignación de recursos en la economía se vuelve ineficiente. Como resultado no solo pierden los consumidores sino que el país como un todo a través de un menor crecimiento. Por eso una fuerte política de defensa de la libre competencia es también una muy buena política pro-crecimiento.

La colusión es de las prácticas anticompetitivas más dañinas que existen. En palabras del Departamento de Justicia de Estados Unidos, “personas que toman el dinero de los consumidores y contribuyentes de esta forma (colusión) son ladrones”. Puede chocar la frase, pero refleja de buena forma la seriedad del problema.

Es importante entender que no hay razones competitivas para que empresas que compiten se pongan de acuerdo en precios. Por eso en EEUU la colusión en precios se castiga per se. Basta probar que dos empresas se pusieron de acuerdo para que sean condenadas. Esto equivale a una luz roja: basta mostrar que alguien pasó con luz roja para que se sancionado, no importa la hora ni la esquina en que ocurrió ni tampoco si resultó en accidente o no.

Esto tiene una implicancia práctica crucial que algunos aún no entienden: no hay buenas razones para que las empresas se comuniquen y discutan sobre precios o cantidades en un mercado. Sólo existen malas razones para hacerlo y por eso no deben hacerlo. Sin embargo, la evidencia en emails y grabaciones telefónicas en los casos de colusión de farmacias, buses y pollos en Chile es que las empresas sí se comunican entre ellas y lo hacen para hablar de precios, cantidades o cómo sacar a un competidor del mercado. Con el estándar per se de EEUU, todas habrían sido condenadas más rápido y más fácil que en Chile, incluyendo además penas a los individuos que participaron en ella por hasta US$1 millón y hasta 10 años de cárcel.

De igual forma, no hay razones competitivas para que un competidor ayude a otro cuando tiene problemas. Si a una empresa se le quemó la fábrica, como ocurrió en el caso de colusión de empresas avícolas, eso es parte del riesgo del negocio y para los otros competidores es una gran oportunidad para vender más mientras el afectado reconstruye su planta, eso es competencia. Tenderle una mano suena bien humanamente, pero esto es competencia en un mercado y la solidaridad entre competidores es un mal argumento para justificar acuerdos.

En Chile las multas, desde 2009, son bastante altas para estándares internacionales y no creo que aumentarlas ayude a desincentivar la colusión. La evidencia en otros países es que el castigo de cárcel es un desincentivo mayor, en especial si va a acompañado de un mecanismo de delación compensada donde la primera empresa que delata la existencia de un cartel con pruebas suficientes para condenar a los otros miembros recibe inmunidad tanto de multas como de cárcel. Por eso creo que incluir cárcel, excluyéndola para quién delate, es el próximo paso a seguir en Chile.