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Clemente Pérez
A propósito de los sitios de apuestas online, cabe recordar que en Chile existe la prohibición de juegos de azar, salvo que haya autorización legal en contrario. La Corte Suprema recientemente ha confirmado que “hay objeto ilícito en las deudas de azar” y cita en su fallo una serie de normas que prometen las penas del infierno para administradores, agentes de casas de juego, e incluso para los apostadores.
Pese a lo anterior, los sitios de apuesta online son de amplia utilización. Se habla de más de US$ 100 mil millones en transacciones por año en nuestro país. Y en el presente campeonato nacional de fútbol, la totalidad de los clubes harán publicidad a alguno de estos sitios de apuestas, aparentemente ilegales. ¿Cómo es posible que una actividad, supuestamente prohibida, ocupe tal lugar de exposición publicitaria? Claramente la ley y la Corte Suprema quedan como intentando tapar el sol con un dedo. No le hace bien a un país que haya leyes que no se respeten y fallos judiciales que no se cumplan.
“Cuando se trata de una industria que genera externalidades negativas, como es el caso, lo lógico es que se legisle para corregirlas”.
Las apuestas son mal vistas porque pueden generar efectos negativos sobre la población, como la ludopatía. Sin embargo, esta visión negativa no es tan convincente si con una autorización legal, lo supuestamente perverso se transforma en algo autorizado, incluso promovido por una universidad (como es el caso de la Lotería de Concepción), o por el propio Estado, como es el caso de la Polla Chilena de Beneficencia.
Entonces, parece que está todo mal planteado. No es posible que haya una ilegalidad arbitraria: unos sí pueden y otros no. Estamos frente a una actividad que requiere una regulación correcta. Y cuando se trata de una industria que genera externalidades negativas, lo lógico es que se legisle para corregirlas. La mejor forma de combatirlas es aplicarle impuestos (“pigouvianos”), de manera de reducir su consumo, sin prohibirlo. Y de paso recolectar recursos para el Estado, que podrá invertir en programas de salud mental, promoción del deporte y en otros bienes públicos.
También se requiere establecer normas adicionales de transparencia corporativa y facultades especiales de fiscalización, por la naturaleza de la industria. Basta pensar que la empresa venezolana “Apuestas Royal”, proveniente de Aragua, invertirá este año US$ 3 millones, para hacer publicidad en las camisetas de 11 clubes. Es de esperar que la Superintendencia de Casinos tenga facultades para fiscalizar estas empresas e indague posibles casos de conflictos de interés o lavado de activos.
Existe un proyecto de ley bien orientado, radicado en el Senado. Es clave que junto con regular los sitios de apuesta, con los problemas tecnológicos que ello conlleva, también se regule el marketing, del tipo: sólo pueden hacer publicidad las empresas registradas, que cumplen con los estándares adicionales de transparencia y que pagan el impuesto que se determine.
Los casinos se regularon y en general, esa legislación ha funcionado bien. Algo similar debe ocurrir con los sitios de apuestas. Es indispensable corregir la actual situación, de una supuesta ilegalidad a dedo, donde la ley y la justicia quedan como impotentes y los clubes de fútbol como cómplices de un delito que no han cometido.
