Como hemos visto, la actual discusión sobre la reforma educacional se ha centrado principalmente en el fin al lucro, al copago y selección. Estos sin duda son temas importantes, sin embargo, urge discutir sobre ciertos fundamentos que no han sido tratados: ¿qué es la educación, y para qué sirve?, y luego: ¿cuál es el rol que cumplen los padres y el Estado en ella? Esta columna pretende contribuir a que nos cuestionemos ciertas concepciones que subyacen en las propuestas que hemos escuchado.
En algunas ocasiones, y sobre todo en la práctica de algunas universidades y colegios, la educación se ha entendido meramente como la entrega de ciertas competencias que ayuden a un buen desempeño laboral, pero a nivel de expertos son pocos los que no le reconocen una concepción más amplia: la preocupación por el desarrollo integral de la persona. Esto implica poder adquirir conocimientos, que bien permitan a los alumnos desplegar sus habilidades técnicas, sociales, individuales y espirituales.
Quienes más se preocupan por este desarrollo son los padres, luego serán ellos quienes teniendo en consideración el bien de sus hijos, estimarán en qué colegio se desarrollarán de mejor manera.
Sin embargo, también sabemos que este tema no es solo de interés privado, es decir, no le compete únicamente a los padres. ¿Por qué? Porque en un futuro estos niños serán ciudadanos y es de interés público que cuenten con una educación de excelencia para que así mañana puedan contribuir mejor al bien común. De hecho, es de esto que se desprende que el Estado pueda exigir que los padres eduquen a sus hijos.
Por ejemplo, podríamos decir que fue, y es, de interés público que el colegio Verbo Divino entregue excelentes clases de educación cívica, porque hoy todos nos vemos afectados por las buenas o malas decisiones que tome el ministro Nicolás Eyzaguirre.
Entonces, concluimos que el Estado debe asegurar que todos los niños reciban mínimos de calidad que les permitan desarrollarse en diversidad como excelentes ciudadanos. Y también, resguardando ese derecho de los padres, poner especial atención en que la capacidad de pago de estos no sea un impedimento. Es decir, el Estado no debe tener un rol pasivo, sino que todo lo contrario: uno participativo, en donde respete el ámbito propio de las sociedades menores, pero que acuda en su ayuda cuando lo necesiten.
Ahora bien, entendiendo estas necesidades, cabe preguntarnos si las prioridades están bien puestas. El reciente estudio publicado por el CEP dio a conocer que más de la mitad de lo que recaudará la reforma tributaria será gastado para financiar el fin del copago. Luego, y buscando el mismo objetivo, tal vez sería mejor focalizar el gasto en los que más lo necesitan. Por ejemplo, aumentando la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y extendiéndola a la clase media. O también, pensando en la equidad, fortalecer la educación escolar municipal aumentando la calidad de ésta y obligando a que todo el resto del sistema eleve sus estándares.
Es decir, finalmente creemos que urge volver a posicionar estos criterios sobre las reformas que se sugieren, para así poder priorizar las medidas que apunten a alcanzar una educación de calidad, que contribuya a solucionar los problemas de equidad de nuestro país.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
