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Alto contrasteCompetitividad chilena en clave digital
CHRISTIAN NICOLAI Consejero CPI, exsubsecretario de Telecomunicaciones
Chile corre sobre autopistas invisibles. Cada compra en línea, transferencia , trámite digital y guía electrónica viajan por redes de fibra, antenas 4G/5G, data centers y plataformas en la nube. Si esas carreteras digitales fallan, la economía se ralentiza, se frenan las ventas, se pierden productividad y confianza. Cuando las expandimos, se aceleran la innovación, el empleo de calidad y la formalización del tejido productivo. Ésa es la ecuación para nuestra política de infraestructura digital para el futuro.
El comercio electrónico sigue creciendo y empujando cadenas logísticas; los pagos digitales baten récords, transferencias y tarjetas ya concentran la mayor parte de transacciones y montos. La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) estimó las expectativas de venta totales online en torno a US$ 9.500 millones en 2025.
“El comercio electrónico, la investigación científica, la logística y la transformación digital del Estado, entre otras áreas, dependen de una infraestructura digital que requiere de inversión sostenida y certeza regulatoria”.
El Banco Central reportó en agosto de 2024, que las Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) sumaron 1.612 millones de operaciones en 12 meses, alcanzando a $ 268.953 millones, 23% más respecto del año anterior en el monto de las operaciones, equivalentes a 82% del PIB. Esa es la magnitud en los sistemas de pagos, si la infraestructura no responde, el impacto en la economía se siente.
La ciencia también depende de esta infraestructura. En 2024, la Biblioteca Electrónica de Información Científica (BEIC) dio acceso a 104 instituciones con 5.676.485 artículos descargados. Producción académica, innovación y transferencia tecnológica dependen de una conectividad robusta.
En logística, la Subsecretaría de Transportes reportó, en junio de 2025, que Chile va a una red digital interconectada, con iniciativas como la Ventanilla Única Marítima (Vumar), el sistema Sitcomex y el impulso a la licencia digital para transporte terrestre. Todo supone disponer de capacidad de red, cobertura, ciberseguridad y centros de datos.
Para el Estado, la Ley 21.180, impulsa que las solicitudes digitales sean la norma y las presenciales la excepción. Sin embargo, el Índice de Madurez de Transformación Digital (IMTD) de la FEN de la Universidad de Chile muestra que un 72% de las instituciones está en nivel “Iniciado/Principiante” y apenas 4% alcanza el nivel “Maduro”. Para que se concrete el mandato de trámites sin filas y servicios confiables, además de cambios en los procesos del Estado, la infraestructura debe dar capacidad, cobertura y ciberseguridad.
El mensaje es simple: el volumen de transacciones electrónicas, los montos del comercio electrónico, el soporte de la investigación científica y la actividad académica, la logística y la transformación digital del Estado, entre otros, dependen de una infraestructura digital de última tecnología, con cobertura y acceso a nivel nacional.
Para eso, se requiere inversión sostenida en un marco de certeza regulatoria, con provisión de espectro, criterios únicos y plazos claros para los permisos; facilitar el emplazamiento de data centers sostenibles, y no menos importante, la monetización y remuneración correcta de las inversiones.
