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Alto contrasteDe las tarifas eléctricas a la crisis financiera municipal: gobernar sin mirar los números
CATALINA SAN MARTÍN Alcaldesa de Las Condes
Como alcaldesa de Las Condes quiero manifestar mi profunda preocupación y rechazo al proyecto de ley que aumenta nuestro aporte al Fondo Común Municipal.
Primero, y con independencia del propósito -que comparto- de ayudar a las personas mayores, resulta inaceptable que el Gobierno busque aumentar el aporte de Las Condes al Fondo Común Municipal sin siquiera tener claridad sobre quiénes son los reales beneficiados por la medida. Según el texto del proyecto, los potenciales beneficiarios son 120.000 personas mayores, cifra que el propio ministro de Hacienda, Nicolás Grau, corrigió horas más tarde ante la prensa, rebajando el número a solo 75.851, mostrando una alarmante nueva improvisación en los datos.
“Es inaceptable que el Gobierno busque aumentar el aporte de Las Condes al FCM sin siquiera tener claridad sobre quiénes son los reales beneficiados”.
En segundo lugar, el proyecto reconoce -textualmente- que los procesos de tasación a la fecha presentan graves falencias metodológicas y resalta la necesidad de más transparencia. En un nuevo escenario de errores de cálculo que paga la ciudadanía y donde la información se mueve con opacidad, resulta impresentable que la cuenta de esas “falencias metodológicas” la pague la comuna de Las Condes, que ya es el principal aportante.
Tercero, y como muestra de la poca efectividad de la medida en régimen, el beneficio tangible para comunas más vulnerables es irrisorio. Puente Alto, por ejemplo, apenas lograría un incremento de $ 2.000 por habitante y para Colina el aumento per cápita sería de $ 650. Esta cifra no compensa la promesa incumplida del Presidente Gabriel Boric, quien en campaña comprometió un aporte de US$ 1.000 millones al FCM y que no cumplió.
Chile continúa rezagado en descentralización fiscal frente al estándar OCDE. La brecha en transferencias intergubernamentales se ha mantenido constante entre 2007 y 2022: mientras países como Estonia y República Checa destinan más del 16% de los ingresos del gobierno general a los municipios, Chile transfiere apenas la mitad del promedio OCDE (4,9% versus 10,6%). Esta diferencia limita la autonomía y gestión local, y debiera servir para repensar, con base técnica e internacional, la relación financiera entre Estado y municipios.
Cuando venimos saliendo del fiasco de las tarifas eléctricas, pedimos seriedad. Defendemos la autonomía municipal y la responsabilidad fiscal local como principios esenciales de una gestión eficiente y cercana a las personas. Por ello, hacemos un llamado al Congreso a revisar esta iniciativa y buscar mecanismos de financiamiento que promuevan la equidad sin debilitar la gestión ni los servicios locales que benefician directamente a nuestros vecinos.
