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Alto contrasteDesarticulación patrimonial del crimen organizado: un frente con fallas endémicas
MAURICIO FERNÁNDEZ MONTALBÁN Director Ejecutivo Montalban Consulting, exdirector de ULDDECO de la Fiscalía Nacional
Es evidente que para el crimen organizado los beneficios económicos a obtener son el centro de su interés. Violencia, control territorial o influencias relevantes frente al poder o en actividades económicas son medios para asegurar que sus planes criminales puedan producir el abundante dinero que motiva su actuar.
Normalmente, las estructuras superiores de la organización y sus familias o relacionados importantes se involucran más directamente en el manejo o interacción con los activos ilícitos y menos en actos de violencia y otras tareas ilícitas operativas.
“Por muchos avances que se sigan haciendo en investigación de lavado de activos y patrimonios de organizaciones criminales, el Estado sigue siendo muy ineficaz en la administración y oportuna liquidación de los activos ilícitos”.
Por ello, hace décadas a nivel internacional se ha llegado al convencimiento de que la forma más efectiva de combatir de raíz el crimen organizado es incorporando con intensidad la desarticulación patrimonial de las organizaciones ilícitas, de manera de afectar más profundamente sus capacidades operativas.
En esa línea, en nuestro país se ha desplegado cada vez más sistemáticamente a nivel fiscal y policial la persecución penal de los delitos que conforman el plan o programa criminal de la organización, sus estructuras de mando y de funcionamiento y, sobre todo, la identificación y decomiso de los activos ilícitos, en más de 20 años de sanciones penales del lavado de dinero provenientes de variadas criminalidades.
Múltiples son los desafíos pendientes para consolidar políticas públicas que profundicen en la efectividad del desbaratamiento patrimonial de las organizaciones criminales más complejas presentes en nuestro país, entre ellos los relacionados con más policías y fiscales dedicados con exclusividad a investigaciones de patrimonios delictuales; aplicación efectiva y más extendida de técnicas especiales de investigación autorizadas por la ley, como agentes encubiertos en contextos económicos, entregas vigiladas de dinero y de otras mercancías ilícitas y escuchas acústicas; cooperaciones realmente eficaces y sustantivas de miembros de organizaciones criminales para reducción de cautelares o sanciones; mayor impacto, efectividad y uso de inteligencia financiera en apoyo de las investigaciones de crimen organizado; y más acuerdos internacionales para equipos operativos fiscales policiales de investigación conjunta de fenómenos de criminalidad organizada comunes a dos o más países, entre otros.
Sin embargo, por muchos avances que se sigan haciendo en Chile en investigación de lavado de activos y patrimonios de organizaciones criminales, el Estado sigue siendo muy ineficaz en la administración y oportuna liquidación de los activos ilícitos, que luego de largas y complejas investigaciones penales logra incautar y quitar al crimen organizado.
Se trata de un problema endémico de nuestra institucionalidad, que el nuevo Poder Ejecutivo y Legislativo debieran abordar con urgencia si se quiere impactar más decididamente en resultados visibles para la comunidad en el combate del crimen organizado.
No puede ser que en Chile siga sin existir un ente público encargado de administrar con eficiencia los activos criminales y que solo exista institucionalidad para una muy deficiente liquidación de dichos activos, asignado como una tarea residual de la Dirección de Crédito Prendario (Dicrep o “Tía Rica).
Algunas manifestaciones de esa ineficacia estatal están en los cientos de inmuebles que aún esperan remates por Dicrep y que provienen de condenas firmes por lavado de activos que no se ejecutan. El ejemplo más vergonzoso lo revela el caso de la primera condena por lavado de activos en juicio oral en Chile, en que a vista y paciencia de la grosera inoperancia estatal, el condenado luego de cumplir con cárcel su responsabilidad como lavador de activos provenientes del narcotráfico internacional, se reinstaló en un departamento de lujo en el barrio alto que la sentencia había decomisado, pero que no se remató en los varios años que duró la condena de privación de libertad del lavador.
Las medidas de los poderes colegisladores para solucionar este problema han sido tímidas, traducidas finalmente solo en el otorgamiento de una función del Ministerio de Seguridad Pública de “diseñar políticas, planes y programas para una adecuada administración de bienes decomisados…”, que no se ha traducido en ningún otro ajuste legal o administrativo que facilite el abordaje patrimonial del crimen organizado.
De creación de una nueva institucionalidad pública liviana, eficiente y al menos en parte autofinanciada, para administrar y liquidar con prontitud y al mayor valor posible los activos del crimen organizado, nada. Ni siquiera una propuesta de reforma legal o administrativa para al menos una profunda reestructuración de Dicrep que permita encarar como una de sus tareas centrales institucionales esta importante función.
Las nuevas autoridades de Seguridad Pública y de Hacienda tienen la palabra.
