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Alto contrasteDF Tax | Entre equidad y recaudación: el desafío del nuevo proyecto sobre impuesto territorial
Por Patricio Casas, director de Solución de Controversias Tributarias de Fischer y Cía.
En un contexto marcado por la fuerte alza de los avalúos fiscales y el debate sobre equidad territorial, el 28 de octubre el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley con el objeto de introducir nuevos beneficios para los adultos mayores en materia de impuesto territorial y, a su vez, posponer el proceso general de reavalúo al 1 de enero de 2027. Asímismo, propone mayores aportes de las comunas Las Condes y Lo Barnechea al Fondo Común Municipal.
En cuanto a los beneficios de contribuciones, se prevén dos nuevas normas. La primera establece que para aquellos adultos mayores que tengan ingresos entre 15 y 30 UTA, el máximo monto a pagar será la cantidad más baja que resulte de la comparación entre el valor del 50% de las cuotas de contribuciones ordinarias y el 5% de los ingresos anuales de cada contribuyente.
El segundo beneficio busca rebajar las contribuciones para aquellos adultos mayores que quedaban excluidos de todo beneficio, producto de que el o los avalúos fiscales de sus inmuebles superan los máximos establecidos en la ley ($ 225 millones de forma individual o más de $ 300 millones cuando se trata de más de uno, incluyendo bodegas y/o estacionamientos). En este caso, el proyecto limita como máximo las contribuciones al 5% de los ingresos anuales para contribuyentes que tengan ingresos anuales menores a $ 25 millones aproximadamente.
Este beneficio es positivo toda vez que permite corregir la exclusión que se generaba en muchos casos, producto del aumento explosivo de los avalúos fiscales en los últimos años, obligando a los contribuyentes a decidir entre mantener el inmueble -en muchos casos, el hogar de toda la vida- o venderlo al no poder pagar las contribuciones.
La medida, al ser proporcional al ingreso, se alinea con la idea de gravar la capacidad contributiva de determinados grupos, tal como ocurre en otros países miembros de la OCDE, siendo ésta una decisión de política tributaria del proyecto.
Sin embargo, la adopción de este criterio implica que no existen tramos en el beneficio sobre el total de los avalúos que exceden el límite base. En términos simples, el pago queda limitado al 5% de los ingresos con independencia de si los avalúos superan leve o ampliamente el máximo permitido. Entonces, podría darse el caso en que un contribuyente con ingreso de $ 100, pero dueño de inmuebles cuyos avalúos superen los $ 2.000 millones, pague menos que un contribuyente con ingreso de $ 200 pero con un único inmueble de $ 250 millones.
Por otra parte, posponer el proceso general de reavalúo es –sin duda- positivo, ya que otorga una oportunidad de corregir las críticas del proceso actual y evitar una mayor judicialización ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros sobre este tipo de controversias derivadas de errores atribuidos al actual proceso de determinación del impuesto territorial. Igualmente, cabe recordar que siempre es posible solicitar la corrección individual de un avalúo si existe una minusvalía no reconocida. Además, el mismo SII podría corregir de oficio los avalúos de zonas determinadas, como lo hizo en junio de este año al eliminar, por ejemplo, el factor comercial aplicado en Santiago Centro, reduciendo casi en un 50% las contribuciones de más de 3.400 locales comerciales.
Por último, la modificación del Fondo Común Municipal se alinea adecuadamente con la compensación de menores ingresos, producto de los mayores beneficios a los adultos mayores, aumentando la contribución de las comunas con ingresos más altos, generando una siempre bien valorada mayor equidad territorial.
En suma, se trata de un proyecto técnicamente bien orientado y políticamente transversal que busca ajustar el impuesto territorial a la realidad económica de los adultos mayores y corregir distorsiones del sistema actual.
