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Alto contraste
De que el chileno es desconfiado, lo es, y la desconfianza es un tema muy complejo cuando se trata de la salud de las instituciones de un país. Este es un flagelo global, pero para nosotros es un problema especialmente grave. Chile es el país con menor confianza en sus funcionarios públicos de toda la OCDE, y algo parecido pasa con la justicia y los tribunales. A eso se suman los altos niveles de desconfianza en los partidos políticos y el Congreso, más alineado con las dinámicas en otras partes del mundo.
Pero hay buenas noticias, se mueve la cosa; la encuesta CEP muestra mejoras leves pero generalizadas en los niveles de desconfianza institucional. El parlamento y los partidos siguen siendo las instituciones peor evaluadas, pero con un alza de confianza importante. Los tribunales y el ministerio público saltan de 16 y 17% a 24% y 22% respectivamente, y algo parecido pasa con el Gobierno. Que se vea movimiento en esta materia es positivo, especialmente porque la situación inicial es muy mala.
No solo se mueven las percepciones, también se mueven las políticas públicas. Hizo poco ruido, pero se votó esta semana una reforma al sistema político. Este proyecto de ley hace ajustes quirúrgicos, no tan ambiciosos, pero relevantes al fin y al cabo. Dificulta crear partidos políticos, le hace la vida un poquito más compleja a los parlamentarios díscolos, y reduce el porcentaje máximo de independientes que puede competir en un partido político. Una reforma de fondo a la ley electoral seguirá pendiente, pero la cosa se mueve. Unos pocos artículos pasan a Comisión Mixta, y es de esperar que se convierta en ley en las próximas semanas.
“El Estatuto Administrativo tal y como fue diseñado, hace muchos años que ya no aplica, pero se cambió de facto, vía leyes de presupuesto, dictámenes de Contraloría y fallos judiciales. El resultado es caótico y lleno de incentivos perversos”.
En justicia, avanza una reforma al sistema de nombramiento de jueces y al gobierno judicial. Se mantiene parte importante de lo que presentó el gobierno pasado, que a su vez recogió en buena parte lo que se planteó en el segundo proceso constitucional, es decir, se trata de un proyecto transversal. Se le quitan las tareas de designación, evaluación y disciplina a la Corte Suprema, un acierto. Un pequeño lunar es otro proyecto de ley, que busca aplicar las fórmulas antiguas para nombrar cerca de 60 notarios y conservadores de bienes raíces pendientes. Se trata de un modelo que ha generado enormes problemas, que felizmente dejamos atrás en una reforma reciente, y cuya aplicación sería un grave error.
Entre estas buenas noticias destaca para mal una dimensión que nunca se mueve, el empleo público, la primera línea de contacto del ciudadano con lo público. Quiénes trabajan ahí y qué reglas se les aplican determinan qué tan bien funcionan los servicios, y cómo los evalúan las personas. El sistema no funciona bien, en buena parte por un mal diseño de reglas e incentivos. De allí el dato de desconfianza en funcionarios públicos mencionado al inicio.
Las reglas del empleo público son un paradigma de política pública mal hecha. El Estatuto Administrativo tal y como fue diseñado, hace muchos años que ya no aplica, pero se cambió de facto, vía leyes de presupuesto, dictámenes de Contraloría y fallos judiciales. El resultado es caótico y lleno de incentivos perversos. Es fácil meter gente al Estado por afinidad política, la única restricción es que haya presupuesto, y luego casi imposible sacarlos cuando no hacen la pega. Además no se evalúa en serio, todos tienen buenas calificaciones y bonos, perjudicando a aquellos que sí hacen bien su trabajo y les cuesta progresar profesionalmente. Aquí no solo no se avanza, se arriesga retroceder. El Director del Servicio Civil ha planteado darle más discrecionalidad a un sistema que, con dificultades y a porrazos, ha permitido subir la vara de la gerencia pública.
El Estado se mueve, la desconfianza es un problema grave, pero tiene solución. Ayuda ver que la política también se mueve, y que se avanza en reformas que permitan un cierto optimismo de que el Estado funcionará mejor. Pero ese movimiento tiene que llegar a la administración del Estado, al empleo público. Si esa tercera pata de la mesa se queda coja, esta pequeña ola de confianza puede tener pronto una resaca.
