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Alto contraste
CAE
En las últimas semanas, el Gobierno se ha abierto a realizar cambios significativos al proyecto de ley que condona el Crédito con Aval del Estado (CAE) y establece un nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES).
Dentro de los principales avances a los que se ha allanado el Ejecutivo está reducir el techo al sobrepago de los estudiantes a dos veces el costo de su carrera (devolución de $ 200 para una carrera de $ 100); e incorporar una cláusula de pre-pago dinámica, que emula el comportamiento de un crédito y asegura que ningún estudiante devuelva más que el valor presente de una deuda sintética en cada período.
Esto último convierte los flujos del FES en los equivalentes a un crédito contingente al ingreso, sin serlo completamente. Todo esto, para evitar que el instrumento sea un crédito. Quizás es hora de llamar a las cosas por su nombre.
“El llamado al Gobierno es a abrazar definitivamente la noción de crédito (o préstamo) contingente al ingreso, un esquema donde los estudiantes pagan en la medida de sus posibilidades, pero nadie es castigado por tener buen desempeño”.
Indudablemente, el Gobierno está adoptando la lógica de un crédito contingente al ingreso y sepultando la idea de financiar el sistema vía un impuesto a los graduados. Esto es positivo por distintas razones. Primero, un crédito es un esquema más justo con los estudiantes. Con el impuesto a los graduados, un 37% de la matrícula de primer año estaría contribuyendo más que el costo de su carrera (Horizontal, 2025). La UC (2025) estima que sobre el 50% de su matrícula se vería afectada por lo mismo.
Segundo, el impuesto a los graduados genera incentivos a no tomar el financiamiento para los estudiantes de alto rendimiento. Si una fracción de los estudiantes afectos al impuesto decidiera no tomar el FES, la pérdida en valor presente de los primeros 75 años crece de US$ 5.399 millones a US$ 7.308 millones (Horizontal, 2026). Si a eso se le agrega la posibilidad de que los aranceles aumenten 1,1% anual durante el resto del siglo, la pérdida sería de US$ 10.993 millones, casi la totalidad de la cartera actual del CAE.
El objetivo no es ser catastrofista; más bien, es presentar un escenario de exposición máxima del Fisco frente a riesgos evidentes del esquema presentado. Esto muestra que, al menos, el impacto fiscal del FES es sensible frente a cambios en supuestos (algo heroicos) del Gobierno.
Retroceso en autonomía
Además, el Gobierno está retrocediendo en la fijación de aranceles y vacantes en el sistema. Si antes se extendía la prohibición del copago hasta el arancel real para nuevos deciles, actualmente se ha replicado la regulación de aranceles para las instituciones gratuitas, y para las no gratuitas se permite cobrar copago hasta el arancel real, pero se fijó el porcentaje al cual dicho arancel real debe reajustarse.
Esto es, en estricto rigor, un retroceso en autonomía con respecto a la situación actual y debe eliminarse por una cuestión de principios. Nuestro sistema de educación superior se ha desarrollado bajo una lógica de mercado (regulado, por cierto) y la fijación de aranceles coarta la autonomía de las instituciones y profundiza su dependencia del Estado.
Por último, agregar nuevos fondos basales para las universidades tradicionales es improcedente. No solo porque no responde a ningún criterio objetivo en un contexto de estrechez fiscal severa, sino que además porque evidencia lo perniciosa que se torna la relación entre el Estado y las instituciones cuando estas son co-dependientes.
Evitar los castigos
Avanzar no implica hacerlo a cualquier costo. El llamado al Gobierno es a abrazar definitivamente la noción de crédito (o préstamo) contingente al ingreso, un esquema donde los estudiantes pagan en la medida de sus posibilidades, pero nadie es castigado por tener buen desempeño.
La redistribución de recursos de la sociedad se radica en el sistema tributario, no en el financiamiento para educación terciaria. Estos elementos, junto con retroceder en las discriminaciones arbitrarias entre universidades, sentarían las bases para un acuerdo, al cual se le podría agregar la postergación de la gratuidad, elemento sobre el cual ha existido consenso desde un principio.
Quizás es muy tarde, pero el mundo no se termina en marzo, y es necesario que las negociaciones que se han emprendido, de manera reticente en un principio y algo tardías, queden en acta.
