Garantizar la transparencia en el financiamiento electoral

A través de los medios de comunicación, la opinión pública ha tomado conocimiento durante los últimos días sobre una supuesta irregular relación que existiría entre el financiamiento privado y la actividad política. Este hecho trae de nuevo a discusión el tema de las reformas sobre la normativa del control y la transparencia del financiamiento electoral en Chile.

En Chile, la actual legislación sobre control y financiamiento electoral acepta las donaciones de personas jurídicas y establece un sistema tripartito de donaciones según su cuantía: donaciones anónimas, reservadas y públicas. Las donaciones menores de hasta 20 UF pueden efectuarse en forma anónima, las donaciones para las parlamentarias pueden ser reservadas entre 20 y 800 UF (hasta 1.500 UF para candidatos presidenciales), las mayores a esa suma deben ser siempre públicas.

Bajo este contexto son dos puntos lo que se pueden poner a discusión. El primero es la conveniencia de las donaciones por parte de personas jurídicas y, el segundo, la pertinencia de las donaciones reservadas.

Con respecto al primer punto, debemos señalar que no existe un consenso al respecto en la legislación comparada; algunas regulaciones las permiten, otras no. Uno de los principales argumentos que se esgrime, para la prohibición a las donaciones políticas por parte de personas jurídicas, se funda en el hecho de que están privadas de ciudadanía, es decir, no votan, por ello quienes donan debieran ser siempre personas naturales. Otro se refiere a que con ello se elimina o limitada la capacidad de influir mediante aportes monetarios. Finalmente se sostiene que ciertas empresas pueden con sus recursos producir un potencial desequilibrio en la contienda electoral, aunque lo normal es que los conglomerados económicos tiendan a “repartir la torta”. Entre los argumentos para permitir aportes de personas jurídicas se esgrime que no todas son necesariamente empresas, sino que hay instituciones de diversa índole que agrupan a ciudadanos y legítimamente se organizan para promover sus intereses. Por otro lado, el prohibir las donaciones de las personas jurídicas en general y de las empresas en particular, podría tener como efecto un alto grado de irregularidad y la búsqueda de vías no convencionales de donación privada que son difíciles de detectar por los órganos de control. En efecto, en Estados Unidos se ha observado una práctica elevada del soft money, esto es, que ciertas empresas y organizaciones realizan en sus mensajes comunicacionales propaganda a favor e ciertas ideas promovidas por los distintos candidatos.

Con respecto a la reserva de las donaciones, Chile posee una de las pocas legislaciones donde esto se permite. En 2009, Chile Transparente realizó un estudio sobre el control del gasto electoral en las elecciones municipales de 2008, y en la revisión de las rendiciones de cuenta de los candidatos nos dimos cuenta que existían muy pocas donaciones públicas y una gran cantidad de donaciones reservadas. Es decir, con la actual normativa no se puede evitar, por medio del control ciudadano, la posible captura por parte de ciertas personas o grupos de intereses de nuestros representantes, ya que no sabemos quién aportó.

Estimamos que una salida intermedia a las inquietudes que planteamos es la de establecer un financiamiento público parcial que incluya a los partidos políticos, permitir aportes de empresas e individuos -con los beneficios tributarios del caso para ambos- siempre con la máxima transparencia, eliminando el carácter de reservado o disminuyendo drásticamente el monto de la reserva.

Avanzar en temas como la obligación de los candidatos y partidos políticos de mantener una cuenta corriente única para recibir los aportes al financiamiento de sus campañas; la creación de una subdirección de control de gasto electoral que pueda velar por el cumplimiento de la ley, pudiendo incluso fiscalizar en terreno la veracidad de estos gastos; la promulgación de la ley de lobby; el perfeccionamiento a las declaraciones de patrimonio e intereses son medidas que van en la línea de aumentar los niveles de transparencia del financiamiento en las campañas y de la política en general. Algunas de estas iniciativas llevan tiempo ya en el Congreso y emplazamos al gobierno y parlamentarios a aprobarlas a la brevedad.

La actividad política experimenta, lamentablemente, un alto grado de deslegitimación y en este sentido, la transparencia y el control del financiamiento y gasto electoral aparecen como dos pilares fundamentales para revertir esta situación.