A poco más de un año de iniciar operaciones en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Cabify judicializó su disputa con Transvip y la acusó de competencia desleal, asegurando que el operador mantiene la concesión del servicio de minibuses pese a no contar con la flota comprometida al adjudicarse la licitación. Según la empresa, Transvip opera con aproximadamente la mitad de los vehículos que ofertó para iniciar el contrato.
La acción judicial fue acompañada por presentaciones administrativas ante la Dirección General de Concesiones y el Ministerio de Transportes, organismos a los que Cabify solicitó revisar antecedentes que, a su juicio, evidencian incumplimientos tanto a las bases de la licitación como a la normativa vigente.
Consultado sobre si la ofensiva judicial tiene relación con la reciente alianza entre Uber y Transvip para operar traslados desde y hacia el aeropuerto, el gerente general de Cabify, Álvaro Pasquez, descartó esa interpretación. "No, para nada. Nosotros estamos felices de que haya más competencia y cada uno es libre de asociarse con quien quiera. Esa no es la motivación. Esto no es de ahora ni de cuando ellos anunciaron la alianza con Uber. Es una situación que viene desde el año pasado y los tiempos para reunir todos los antecedentes han sido largos", afirmó.
Cabify asegura que durante su primer año en el aeropuerto triplicó su flota, pasando de 50 a 150 vehículos, luego de que la demanda superara ampliamente sus proyecciones iniciales. Sin embargo, advierte que futuras inversiones dependerán de que exista mayor certeza regulatoria.
"Estamos estudiando la situación porque hay un crecimiento natural impulsado por la preferencia de los usuarios. Cada vez que incorporamos una cantidad importante de vans estamos hablando de varios millones de dólares. Queremos tener la certeza de que existen condiciones de competencia equitativas", afirmaron.
Los supuestos incumplimientos
Cabify sostiene que la controversia trasciende un conflicto comercial y se basa en una serie de presuntos incumplimientos que, a su juicio, afectan la igualdad de condiciones entre los operadores del aeropuerto.
"Hemos presentado una demanda por competencia desleal contra Transvip ante los tribunales de justicia. La acción se funda en tres hechos: Transvip opera en el aeropuerto con vehículos que no cumplen la antigüedad de flota exigida por las bases de la licitación que ella misma se adjudicó; utiliza vehículos que no reúnen la capacidad mínima de asientos ni el espacio de equipaje que exige la normativa de transporte público; y se publicita como 'el transfer oficial' del aeropuerto, una calidad exclusiva que no tiene, ya que en el terminal coexisten varios operadores autorizados. Todos estos antecedentes constan en el expediente", afirmó Nicolás Marinovic, socio de Marinovic & Alcalde y abogado de Cabify.
Según el representante de la empresa, el aspecto más relevante de la demanda es la diferencia entre la flota comprometida por Transvip para adjudicarse la licitación y la que actualmente mantiene en operación.
"Igual o más grave es la diferencia entre la flota que Transvip ofertó y la que realmente opera. En 2025 se adjudicó la licitación del servicio de minibuses del Aeropuerto de Santiago comprometiendo más de 200 vehículos disponibles para el inicio de operaciones, en marzo de 2026. Hoy, según ha reconocido por escrito la propia concesionaria del aeropuerto, dispone de aproximadamente la mitad", sostuvo Marinovic.
El abogado explicó que las bases establecen un piso mínimo de vehículos que el adjudicatario debía tener disponibles al inicio de la operación, pero no un techo. En otras palabras, el operador siempre puede incorporar más unidades si lo requiere, pero no reducir la flota comprometida para adjudicarse el contrato.
Señala que estos antecedentes fueron obtenidos mediante solicitudes formales de información y posteriormente puestos en conocimiento de la Dirección General de Concesiones y del Ministerio de Transportes para que ambas instituciones revisen el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licitación.
La empresa agrega que la controversia también involucra aspectos de seguridad, ya que, a su juicio, algunos vehículos utilizados por Transvip no cumplirían con los requisitos mínimos de capacidad de pasajeros y espacio para equipaje establecidos en la regulación.
"Esto no es una disputa comercial cualquiera. Quien compite cumpliendo las reglas no puede quedar en desventaja frente a quien las infringe, y la seguridad de los pasajeros del principal aeropuerto del país no puede transformarse en la variable de ajuste. Confiamos en que los tribunales y las autoridades restablecerán la igualdad de condiciones, no solo para Cabify, sino también para las demás empresas que prestan este servicio", concluyó Marinovic.
Consultados por DF, desde Transvip indicaron no tener conocimiento de la demanda y, por lo mismo, declinaron hacer comentarios sin los antecedentes judiciales.
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