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Alto contraste
Gina Ocqueteau
En los gobiernos corporativos modernos se ha vuelto un estándar comprender que el valor de una compañía no se mide únicamente en su balance financiero de corto plazo. Hoy, la viabilidad de las grandes industrias depende de su capacidad para gestionar riesgos complejos, anticipar transformaciones globales y, por sobre todo, garantizar la sostenibilidad, la seguridad de las operaciones y el desarrollo de los territorios donde se insertan.
Bajo esta mirada, la entrega de la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) 2026 al Presidente de la República -hecho que se concretó a fines de mayo- no debe ser vista por el sector empresarial como un documento meramente académico o de política pública abstracta. Es, en realidad, una hoja de ruta realizada por el Consejo CTCI, en su calidad de ente autónomo, con la experiencia y visión de futuro suficientes para definir el estándar de competitividad y desarrollo para el Chile de las próximas décadas.
El diagnóstico del Consejo es claro en identificar brechas históricas: una fragmentación en los instrumentos de fomento, baja inversión en I+D y una desconexión entre la generación de conocimiento y el mundo productivo. Superar este modelo de baja intensidad no es solo una tarea del Estado; es un imperativo ético y estratégico para las grandes corporaciones del país.
“El conocimiento científico es el único camino para que estas variables se gestionen con la rigurosidad técnica que se requiere”.
La Estrategia 2026 propone un valioso cambio de paradigma hacia un enfoque sistémico. Para industrias clave como la minería o la energía, que hoy lideran la transición energética y la electromovilidad global, este documento ofrece directrices fundamentales. El llamado a potenciar la I+D en torno a los “laboratorios naturales” —como el Desierto de Atacama o la Antártica— y la priorización de tecnologías habilitantes como la inteligencia artificial y la biotecnología, tocan el núcleo de lo que las empresas necesitan para sofisticar su matriz productiva.
Es un acierto que la estrategia no separe el crecimiento económico del bienestar social y la protección de las personas. El documento establece que la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la seguridad humana, la salud integral y la resiliencia socio ambiental frente al cambio climático. En los directorios actuales, se entiende que la seguridad laboral, así como el cuidado del agua y los suelos, son condiciones habilitantes obligatorias para operar. El conocimiento científico es el único camino para que estas variables se gestionen con la rigurosidad técnica que se requiere.
Asimismo, es destacable que la Estrategia proponga proyectos transformadores de rápida activación que unan voluntades públicas y privadas.
Corresponde ahora asumir el desafío y poner en práctica esas directrices con acciones como abrir los gobiernos corporativos a la innovación abierta, colaborar estrechamente con la academia y el vibrante ecosistema de startups tecnológicas, e integrar de forma definitiva la ciencia en la toma de decisiones estratégicas.
Pero eso requiere un Estado que marque el rumbo. Ninguna estrategia de desarrollo prospera sin instituciones capaces de sostener una visión de largo plazo y sin acuerdos políticos que otorguen estabilidad a las prioridades del país más allá de los ciclos de gobierno.
El desafío de transformar el talento, la ciencia y las singularidades de nuestro territorio en bienestar y desarrollo sostenible es una responsabilidad compartida entre el Estado, las empresas, la academia y la sociedad en su conjunto. Y su éxito dependerá de nuestra capacidad de avanzar juntos en una dirección común.
