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Alto contrasteInfraestructura e interoperabilidad: los pendientes de una verdadera justicia abierta en Chile
Esteban Ruiz Omegna, director ejecutivo Asociación de Legaltech de Chile -ALTECH
abogadas
El principio de publicidad en la justicia —pilar básico del Estado de Derecho— garantiza que los actos jurisdiccionales sean transparentes, controlables y comprensibles para la ciudadanía. Sin embargo, en la práctica, esa publicidad se asemeja más a una vitrina que a una puerta: se observa, pero no se accede; se expone, pero no se usa. En pleno 2025, cuando la información fluye a un clic de distancia, obligar a ciudadanos, abogados y periodistas a “buscar” datos judiciales como si recorrieran una biblioteca infinita no es un problema técnico menor: es una decisión política y, en último término, una definición de país.
El concepto de Open Justice no se limita a digitalizar trámites. Implica aplicar al sistema de justicia los principios del gobierno abierto: transparencia, participación y rendición de cuentas. El reconocido especialista británico, Richard Susskind, lo resume con una idea potente: “no basta con que la justicia se haga; debe poder verse, entenderse y analizarse a partir de información pública reutilizable”.
¿Y por qué esto importa tanto? Porque el costo de no contar con datos útiles se paga en tiempo, en incertidumbre y, finalmente, en confianza. Cuando el acceso a la justicia mejora, la economía también lo refleja: evidencia comparada en 83 países (1970–2014) muestra que una mejora del 1% en acceso se asocia a un aumento de 0,86 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB per cápita a cinco años. Dicho simple: hacer que el sistema funcione mejor no es solo “buena gestión”; es desarrollo.
El desafío chileno está a la vista. Solo en 2023 ingresaron 5,5 millones de causas y se realizaron 1,5 millones de audiencias, lo que equivale a un aumento del 75% en la carga de trabajo. Con esa escala, cualquier mejora marginal se multiplica. Por eso, iniciativas como “Justa”, que busca automatizar, entre otras cosas, la tramitación de divorcios de mutuo acuerdo y la transcripción de audiencias, muestran el camino: cuando el trabajo repetitivo se reduce, el criterio humano puede concentrarse en lo que realmente importa: escuchar, decidir y resolver mejor.
Pero aquí aparece el punto clave: sin interoperabilidad, la transformación queda a medias. Chile cuenta con una base digital sólida (EGDI 0,8827; puesto 31 a nivel mundial), un 91% de penetración de internet y una penetración móvil del 147%. Aun así, una preocupación recurrente del ecosistema legaltech es la dificultad para acceder a datos públicos desde Tribunales, Registro Civil y Conservadores mediante plataformas de integración o APIs seguras. En otras palabras, tenemos capacidades para construir mejores servicios legales, pero seguimos conectándonos con el Estado a golpes de PDF, pantallazos y sistemas cerrados.
La propuesta es concreta: pasar de “pantallas” a infraestructura. APIs públicas, documentadas y estandarizadas para datos judiciales y administrativos que ya son públicos, con autenticación robusta, trazabilidad, control de permisos y, cuando corresponda, consentimiento informado. Abrir bien no es abrir “a lo loco”; es abrir con reglas claras, supervisión y seguridad por diseño. Chile puede convertirse en un caso ejemplar en acceso a datos judiciales: abierto y transparente, sí, pero también seguro, con resguardos efectivos de datos personales y explicaciones claras sobre quién usa qué datos y para qué. La pregunta no es si abrimos o no, sino si abrimos con visión: para que la justicia sea, al fin, pública en serio.
Desde la Asociación de Legaltech de Chile tenemos una invitación simple, pero con potencial para transformar la forma en que comprendemos y abordamos el problema: Sentar en la misma mesa al Poder Judicial, al Ejecutivo, a los reguladores, a la academia y al ecosistema tecnológico. Porque cuando los datos fluyen con garantías, cambia la conversación: del trámite al servicio, del expediente al impacto.
