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Alto contrasteInversión en resiliencia
Vivian Modakinte grante del Consejo de Políticas de Infraestructura
Terremotos, aluviones e incendios son algunos de los eventos catastróficos a los que una y otra vez nos hemos visto enfrentados como país y que, con certeza, seguirán ocurriendo. Entonces, ¿por qué sólo centrarnos en procesos de reconstrucción y reparación luego de ocurrido el desastre? El objetivo debería ser invertir para prevenir la interrupción de servicios básicos y de la cadena productiva, con el consecuente deterioro en la calidad de vida de las personas.
De acuerdo a la ONU solo una pequeña proporción de los presupuestos públicos de varios países de América Latina y el Caribe se destina a reducir riesgo de desastres y, en algunos casos, la cifra llega a solo un 0,1% del total. En Chile, si bien no existe una cifra que indique cuánto se requiere invertir para modernizar el stock de infraestructura pública para generar un capital resiliente, sí sabemos que hoy alcanza un 13% del total de infraestructura pública.
“Se estima que por cada dólar que se invierte en resiliencia se ahorran cuatro dólares en reconstrucción. El desafío es pasar de la reacción a la prevención”.
Estudios muestran que aumentar este “capital resiliente” a un 40% del capital público amortigua la caída del PIB ante eventos extremos (del orden de -2,7% a -1,5% del producto potencial), mejorando el tiempo de recuperación de los servicios públicos y de la cadena productiva. Así, se estima que por cada dólar que se invierte en resiliencia se ahorran cuatro dólares en reconstrucción.
El desafío es pasar de la reacción a la prevención. Allí la colaboración público-privada es clave. El sector privado tiene un rol mucho más amplio que el de ejecutor de obras: puede ser inversionista, innovador, gestor de riesgo y desarrollador de soluciones tecnológicas.
Para acelerar la generación de infraestructura resiliente hay que llevar adelante acciones. Así, es fundamental la participación de las empresas en todo el ciclo de vida de los proyectos, esto es en la operación y mantenimiento sostenible del stock: reduciendo fallas y alargando su vida útil a bajo costo; en la modernización de infraestructura en activos críticos y en la provisión de nueva infraestructura resiliente, con adecuadas metodologías constructivas.
A nivel general, para que la asociación público-privada sea exitosa requiere de una institucionalidad robusta para la planificación de la infraestructura de largo plazo, que permita priorizar inversiones según riesgo y vulnerabilidad. Junto con esto, se requieren contratos flexibles y claros que incluyan inversión en resiliencia, haciendo a los proyectos adaptativos conforme las circunstancias climáticas y geográficas. También se deben modernizar las metodologías de evaluación social y económica incorporando la resiliencia y la redundancia en la estimación de los beneficios del proyecto y se debe fortalecer la innovación constructiva, incorporando conceptos de sostenibilidad, reutilización y reciclaje.
Acelerar el aumento del stock en capital resiliente requiere de un compromiso nacional, donde el Estado establece prioridades y los privados aportan con innovación, gestión y aporte de capital para los proyectos. Esto genera un círculo virtuoso que, en tiempos de bajo crecimiento y restricción presupuestaria, es una herramienta clave para reactivar la economía, fomentar el empleo y proveer al país de mejor infraestructura.
