El incumplimiento de la meta fiscal de parte del Gobierno durante el 2024, así como el riesgo de que aquello vuelva a ocurrir este año, han marcado la discusión económica en el Congreso, llevando al Ejecutivo a ejecutar millonarios recortes de gasto en los últimos dos años para evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas.
Para ello, la herramienta que utiliza la administración del Estado es el decreto de modificación presupuestaria, que es tramitado tradicionalmente por la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda y visado legalmente por la Contraloría General de la República.
La agilidad en la toma de razón de dichos procesos es clave para un ajuste rápido en el nivel de gasto, así como la reasignación de recursos hacia otras prioridades.
Sin embargo, recientemente la Contraloría le subió la vara a la administración pública para la tramitación de dichos decretos.
En un oficio enviado el pasado 16 de junio por la contralora general de la República, Dorothy Pérez, a la directora de la Dipres, Javiera Martínez, se determinó un cambio de criterio: ahora, en la tramitación de los actos administrativos que dispongan modificaciones al presupuesto del sector público, se solicitará a las entidades que acompañen todos sus antecedentes fundantes, entre ellos "especialmente" las solicitudes efectuadas por los servicios involucrados.
Tras la recepción de este documento, el pasado 7 de octubre Martínez remitió un oficio a todas las entidades del aparato estatal, aterrizando el nuevo criterio del órgano de control: "Se instruye que en el oficio conductor de las solicitudes de modificación del presupuesto que realice su institución, se señale expresamente la justificación y/o el motivo fundante de cada modificación solicitada, con el objeto de agilizar y permitir el trámite de toma de razón del respectivo acto administrativo ante la Contraloría General de la República", dice la ingeniera en el documento.
Consultada la Dipres por Diario Financiero, explicaron que "se determinó la necesidad de instruir a los servicios públicos para que en los oficios en que se soliciten modificaciones presupuestarios, se señale expresamente la justificación y/o el motivo fundante de la modificación solicitada, de manera de poder cumplir con la instrucción de la CGR de manera oportuna".
¿Se burocratizan los ajustes?
Exautoridades de Dipres recalcan la necesidad de que cualquier acto que implique modificaciones del erario se apegue a la legalidad y al eficiente uso de los recursos públicos, pero advierten ante la posibilidad de que el nuevo criterio de la Contraloría burocratice aún más las reasignaciones o modificaciones de gasto.
"Analizando lo instruido por Dipres, me parece que Contraloria estaría excediendo sus facultades; y que Dipres, con el fin de lograr mayor celeridad del proceso de toma de razón, estaría trasladando sus facultades de analizar la pertinencia del acto modificatorio a Contraloría, por cuanto la justificación y el motivo fundante son hechos que están directamente relacionados con el mérito del acto, cuestión en que la Contraloría no puede intervenir porque expresamente no está facultada para ello, tal como lo señala el título V de la ley de Administración Financiera del Estado", explica el exdirector de Presupuestos, Sergio Granados.
El académico de la Universidad de los Andes y titular de Dipres entre 2019 y 2021, Matías Acevedo, opina que el órgano de control busca "aunar" más antecedentes a la hora de visar modificaciones presupuestarias, estableciendo el origen de aquello: "Creo que esto beneficia a Dipres porque puede ser, más que un mecanismo de control, una voz de alerta de cosas que eventualmente no se están explicando de una manera adecuada. Pero en la práctica, no cambia en nada el fondo de la autorización. Los servicios van a tener que hacer un trabajo más detallado a la hora de justificar los cambios presupuestarios y va a ser un elemento más que tendrá a la vista la Contraloría al momento de hacer la modificación. A propósito de lo que ha ocurrido con el caso convenios, siempre es bueno tener los antecedentes formalizados y la trazabilidad de todos los documentos que justificaron esas modificaciones", explica.
Mientras que el decano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales y exsubdirector de Dipres, Mauricio Villena, cree que elevar los estándares de justificación y trazabilidad en cada modificación presupuestaria "refuerza la probidad, reduce la discrecionalidad y facilita la toma de razón".
"Pero, con miles de ajustes anuales, también puede traducirse en más papeleo, ciclos de revisión más largos y riesgo de demoras en la ejecución, todo en un contexto donde el Presupuesto de la nación ya exhibe rigideces significativas. Este cuadro se vuelve más exigente considerando que el próximo Gobierno deberá realizar ajustes fiscales importantes al Presupuesto 2026 que está en discusión actualmente en el Congreso. La disciplina es indispensable, pero si el procedimiento se vuelve un embudo, terminamos sacrificando oportunidad y calidad de gasto sin ganar control efectivo", sostiene.
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Sebastian Valdenegro
