El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) volvió a levantar alertas por el impacto en las finanzas públicas de uno de los proyectos estrella del Gobierno: el que reemplaza el actual Crédito con Aval del Estado (CAE) por un nuevo sistema estatal de Financiamiento a la Educación Superior (FES).
Pasado el mediodía de este miércoles, la presidenta del Consejo, Paula Benavides, entregó una dura presentación ante la comisión de Educación del Senado, en el que advirtió de nuevos riesgos para la situación de las arcas fiscales por el instrumento, entre otras razones debido a que eventualmente no generaría ahorros para el Estado -como postula el Gobierno-, sino que implicaría déficits en el largo plazo.
En su presentación, donde estuvo acompañada por el vicepresidente del CFA, Sebastián Izquierdo, y el gerente de Estudios, Mario Arend, Benavides precisó que el ahorro fiscal neto respecto de la situación actual que estima la Dirección de Presupuestos (Dipres) en sus informes financieros, de $ 579.170 millones en un lapso de diez años, se sustenta en medidas distintas al propio FES, enumerando tres: la eliminación de las becas de arancel; la postergación de la extensión de la gratuidad y la eliminación de becas de arancel; y el plan de condonación y reorganización de deudas educativas.
En términos agregados, los informes financieros estiman que estos tres componentes generarían menores necesidades de financiamiento por $ 940.733 millones de 2025 (0,23% del PIB) en el año diez, promediando $ 910.231 millones de 2025 (0,24% del PIB) durante los primeros diez años, expuso Benavides.
El Gobierno está negociando indicaciones con la oposición, entre ellas cambios al tope de contribución del FES y la posibilidad de que estudiantes puedan realizar copago.
Sin embargo, la presidenta del CFA señaló que, considerado aisladamente, el mecanismo propio del FES presenta un efecto fiscal deficitario en el largo plazo.
“El ahorro neto del mecanismo propio del FES al año diez es negativo en $ 358.500 millones de 2025 (0,09% del PIB)”, sentenció ante la atenta mirada de los senadores y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. Al incluir los gastos institucionales, el saldo negativo empeora a $ 361.563 millones de 2025 (0,09% del PIB).
“En un horizonte de proyección más largo, de 74 años, el ahorro neto promedio anual del mecanismo propio del FES sería negativo en $ 118.391 millones (0,03% del PIB)”, agregó la economista.
En los primeros 27 años de proyección, expuso Benavides, el ahorro neto sería negativo, situación que se revertiría desde el año 28 al 43, para luego volver a una situación de ahorro neto negativa.
"El Consejo valora la mejora en el mecanismo de cobranza ya que, al realizarse mediante descuento de cotizaciones previsionales o retenciones en boletas de honorarios, se puede reducir el riesgo de incobrabilidad y su consecuente impacto fiscal negativo", dijo la economista.
Problemas contables
Benavides también abordó los aspectos contables del proyecto, luego de que la Contraloría General de la República estableciera que la contribución que entregarán al Estado los egresados que utilicen el FES para financiar el instrumento debe contabilizarse como un activo contingente y, potencialmente, como un gasto público, y no un activo financiero -como plantea el proyecto del Gobierno- debido a la extemporalidad entre el aporte que realiza el Estado a los estudiantes y la recaudación que recibe con posterioridad.
En este sentido, Benavides sostuvo que, a diferencia de lo planteado por el Ejecutivo en sus informes financieros, el Consejo cree que el actual diseño del FES no cumple con las condiciones para ser considerado un activo financiero.
8% del sueldo mensual es el tope de contribución del FES. US$398 millones es el déficit de largo plazo que genera el FES, según el CFA.
“Los desembolsos de este debiesen ser contabilizados como un gasto y sus contribuciones como un ingreso, ambos sobre la línea, es decir, con efecto patrimonial”, enfatizó, agregando que “el FES no permite asignar un valor cierto a la obligación que tienen los usuarios de contribuir, lo que implica que dicha obligación no puede ser reconocida como un derecho financiero cierto y, consecuentemente, como un activo financiero del Fisco, o un pasivo financiero de los usuarios”.
Asimismo, la presidenta del CFA detalló los criterios metodológicos sugeridos para la constitución de un derecho financiero efectivo del Gobierno sobre los beneficiarios de los mecanismos de financiamiento: la existencia de un compromiso contractual o legal; la existencia de un monto inicial de la obligación (principal); la existencia de una tasa de interés conocida aplicable a las obligaciones pendientes de pago; la existencia de un plazo de repago conocido; y un valor conocido de las cuotas a pagar para saldar las obligaciones pendientes (principal e intereses).
Riesgos a futuro
Hacia el final de su exposición, la timonel del Consejo reiteró su mensaje de que el actual proyecto implica la existencia de "riesgos relevantes" para las finanzas públicas, advirtiendo que las proyecciones incluidas en los informes financieros podrían variar si alguno de ellos se materializa.
“Ciertos riesgos podrían reducir las contribuciones esperadas del FES o bien las entradas de recursos asociadas al plan de condonación bajo la línea, mientras que otros podrían implicar un mayor gasto”, alertó.
Entre ellos, mencionó la mayor composición de estudiantes que no contribuyan, o bien, que contribuyan con montos bajos; la subestimación de los desembolsos asociados a aranceles regulados, detallando que el mayor crecimiento real de los aranceles regulados elevaría de forma permanente el gasto del FES, generando un costo fiscal adicional de largo plazo; y otros riesgos vinculados a que tanto los ingresos del FES como algunos gastos contabilizados sobre la línea están expuestos a incertidumbre.
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Sebastian Valdenegro
