VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste2025, ¿el fin de la opacidad judicial?
JOSÉ MIGUEL ALDUNATE Director de estudios del Observatorio judicial
José Miguel Aldunate
El año 2025 representa un punto de quiebre para la justicia chilena. En enero de cayeron los ministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, tras procesos de destitución y remoción iniciados por el Senado y la Corte Suprema. En septiembre, el máximo tribunal expulsó a la ministra de Apelaciones Verónica Sabaj. Poco después, el Congreso destituyó a Antonio Ulloa tras un empate en la votación de los supremos. Finalmente, el ciclo cerró en diciembre con la destitución de Diego Simpertigue por parte del Senado.
Este escenario es inédito en la historia de nuestro Poder Judicial, marcada por la estabilidad, pero también por el secretismo. Durante décadas, el Poder Judicial ha operado bajo una gobernanza centralizada en la Corte Suprema, que acumula funciones jurisdiccionales, administrativas y disciplinarias. Esta concentración de poder consolidó un sistema jerárquico donde la falta de transparencia fue la norma. En este ecosistema, la carrera judicial dependió menos del mérito que de vínculos personales y gestiones informales ante los superiores —el denominado ‘besamanos’—. La ausencia de trazabilidad en los nombramientos permitió que redes de influencia internas desplazaran a la meritocracia, priorizando la autonomía corporativa por sobre la rendición de cuentas efectiva.
“La actual estructura judicial es incapaz de prevenir su captura por intereses externos e internos. Es imperativo avanzar en la reforma constitucional que se discute en el Senado”.
Sin embargo, todo colapsó cuando la irrupción masiva de evidencia digital expuso estas dinámicas. El caso Audios y la arista Bielorrusa no solo revelaron gestiones para incidir en nombramientos, sino la sospecha de que se comprometió la imparcialidad en fallos de alto impacto económico. Los registros de comunicaciones demostraron que las redes de influencia escalaron hacia el soborno y la captura de la función jurisdiccional. Esta crisis de probidad forzó una respuesta institucional sin precedentes, fracturando el histórico espíritu de cuerpo ante la gravedad de los antecedentes administrativos y penales que terminaron por desmantelar parte de la cúpula del tribunal.
Además de las destituciones descritas, lo anterior provocó una inédita intervención de los otros poderes del Estado en la remoción de las jefaturas judiciales, así como un cuadro de desprestigio y desconfianza generalizados que hoy golpean la base de todo el sistema.
¿Qué camino queda tras este quiebre? Los hechos demuestran que la actual estructura judicial es incapaz de prevenir su captura por intereses externos e internos. Resulta imperativo avanzar en la reforma constitucional que hoy discute el Senado para separar las funciones jurisdiccionales de las de administración y disciplina. La propuesta de crear órganos técnicos autónomos para nombramientos meritocráticos y un sistema disciplinario independiente avanza en la dirección correcta, más allá de los reparos que puedan tenerse en aspectos específicos. Solo un rediseño que elimine la concentración de poder y establezca transparencia verificable permitirá reconstruir la legitimidad del sistema y asegurar su rol de contrapeso en un Estado de Derecho.
