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Alto contraste
De cara a las elecciones presidenciales, quien lidere el próximo gobierno tendrá que lidiar con un Ministerio de Obras Públicas (MOP) enfrentado a varios desafíos. Comenzando por la caída de 16,36% (US$ 858 millones) en su presupuesto, lo que complicará aún más a una cartera que no ha tenido un desempeño fácil. La prueba definitiva será en el área de las concesiones.
El primer reto que tendrá Morandé 59 será fomentar la coordinación interministerial en el marco de la recientemente promulgada Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Esta norma, requiere un cambio cultural que ayude a superar la burocracia e impulse la colaboración entre los distintos organismos del Estado.
En segundo lugar está la puesta en funcionamiento de hospitales construidos bajo el modelo de concesiones. Mientras algunos estarán listos para iniciar sus funciones, otros están ultra retrasados. Hallazgos arqueológicos, trabas contractuales y demoras en trámites han impedido el ingreso de más de 3.000 camas al sistema de salud. En plena crisis de listas de espera, esta situación es inentendible. Esta lentitud ha llevado al MOP a enfrentarse a los concesionarios en instancias como el Panel Técnico y la Comisión Arbitral. El proyecto del Hospital del Salvador y el Instituto Nacional de Geriatría es un claro ejemplo: debía operar en 2019, pero recién estará totalmente funcional en 2027.
El tercer desafío que tendrá el próximo gobierno, junto al Poder Judicial y a Gendarmería, se incuba en la red de cárceles concesionadas. El país vive una crisis en este ámbito, en un contexto en que el sistema tiene capacidad para cerca de 42.000 plazas, pese a que la población penal ya supera los 61.000 internos. Aunque se han construido nuevos recintos penitenciarios bajo el modelo concesionado, se observa desinterés en el sector privado por participar. ¿Por qué? Porque los inversionistas perciben cambios abruptos en las reglas del juego, riesgos de renegociación, e incertidumbre en los contratos. Ejemplo de ello es la no licitación de las cárceles de Rancagua, La Serena y Alto Hospicio, que en conjunto administran a cerca de 7.600 reclusos.
Si no se asegura la continuidad del sistema, Gendarmería deberá gestionar estos complejos, sin los recursos ni el personal suficiente, con lo cual podría aumentar el hacinamiento y la inseguridad, junto con provocar un retroceso en la reinserción social.
Todo lo anterior es solo la punta del iceberg. Chile no puede renunciar al sistema de concesiones. Debemos perfeccionarlo, recuperando la confianza del sector privado a través de una planificación estratégica y una coordinación interministerial en infraestructura pública que hagan atractivos estos proyectos. El Estado debe fortalecer sus capacidades técnicas y de gestión para que trasciendan a los ciclos políticos, articulando al MOP con herramientas como la plataforma digital Super y la nueva Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión. El próximo gobierno tendrá que poner todas sus fichas en mejorar las capacidades para construir obras que mejoren la calidad de vida de las personas.
