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Alto contrasteLey de Cabotaje: un paso clave para el crecimiento y la productividad
ÁLVARO GARCÍA HURTADO Ministro de Economía JUAN CARLOS MUÑOZ Ministro de Transportes y Telecomunicaciones
Reformar el cabotaje marítimo en Chile era una tarea pendiente hace varias décadas. Instituciones técnicas, nacionales e internacionales, gobiernos de distinto signo, coincidían en el diagnóstico: este es uno de los mercados más concentrados del país, cuyas barreras de entrada incrementaban los costos logísticos y limitaban la competitividad. La OCDE (2015), la Comisión Nacional de Productividad (2016) y el propio Ministerio de Economía (2011) alertaban sobre la necesidad de modernizar el transporte de carga vía marítima como una de las medidas que aumentarían la estancada productividad, factor clave para elevar el crecimiento potencial que hace años registra un magro 2%.
La exportación de celulosa desde la Región del Biobío hacia Bolivia es un ejemplo del funcionamiento concentrado de este mercado. En lugar de que la carga llegue en buques directamente a Arica y continúe vía terrestre hacia el destino, la falta de un servicio entre estos puertos exige enviarla hasta el Puerto del Callao, en Perú, para luego regresar al de Arica y desde allí continuar al país altiplánico con un evidente sobrecosto. Se trata de una situación paradójica, que provoca que el sistema marítimo atente contra la eficiencia, un principio básico de la logística.
“La ley asegura que el 100% de la tripulación sea chilena y que toda empresa extranjera que quiera operar permanentemente en nuestras costas funcione bajo las mismas normas laborales y tributarias que las nacionales”.
Hubo múltiples intentos por modernizar el cabotaje, sin buenos resultado. Dos proyectos previos al actual Gobierno no prosperaron. Hoy, tras más de 10 años de debate y más de cuatro de tramitación, se alcanzó un acuerdo transversal en el Congreso que permitió este lunes despachar y aprobar una ley moderna y equilibrada.
El logro no fue producto de azar, sino de un trabajo sistemático. Desde el Gobierno tomamos el proyecto que estaba en el Congreso, impulsamos el diálogo con los sindicatos de la marina mercante e incorporamos indicaciones para compatibilizar una mayor apertura del mercado con la protección del empleo y la seguridad nacional, una materia relevante en un país circundado por el mar. El resultado es una ley que nos hace más competitivos y asegura que el 100% de la tripulación sea chilena, y que toda empresa extranjera que quiera operar permanentemente en nuestras costas funcione bajo las mismas normas laborales y tributarias que las nacionales.
El impacto será una reducción de las tarifas de transporte entre 20% y 39%, lo que significa un ahorro estimado de hasta US$ 267 millones al año. Beneficiará especialmente a las MiPymes importadoras y exportadoras, que enfrentan altos costos logísticos, y a todas las personas consumidoras que deben enfrentar el pago de productos más caros por el alto costo del traslado. Además, permitirá que el sistema de transporte siga funcionando y se adapte mejor ante acontecimientos como cierres de puertos o paralizaciones de la carga terrestre.
Esta iniciativa se suma a otros grandes acuerdos, como la Ley de Permisos Sectoriales y el royalty minero, con lo cual demostramos que, cuando se construyen acuerdos amplios con diálogo y sentido de Estado, es posible modernizar sectores clave para incentivar el desarrollo.
Con esta ley, Chile da un paso firme hacia una mayor competencia, impulsando un sistema logístico más eficiente, competitivo y sustentable, lo que deja a la economía en un mejor pie para enfrentar el futuro, elevando su potencial de crecimiento.
