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Alto contraste
Luis Felipe Lagos
La baja del impuesto corporativo de 27% a 23% genera una menor recaudación de 0,35% del PIB, en promedio, para 2026-2031, según el informe financiero del Proyecto de Ley de Reconstrucción. Para el proyecto completo se estima un déficit de 0,37% del PIB, en promedio, para el mismo período, considerando los efectos sobre el crecimiento.
El CFA ha recomendado que el proyecto sea neutral en lo fiscal, y algunos parlamentarios, en la discusión en comisiones, han condicionado su apoyo a que la rebaja tributaria sea compensada.
En general, se piensa que la forma de compensar es subiendo otro impuesto. No obstante, se puede compensar con una rebaja de gasto como debería efectuarse en esta ocasión, sin perjuicio de que el crédito tributario incluido en el proyecto pueda ser reducido y focalizado.
“Para las empresas que tienen una restricción de fondos internos (utilidades retenidas), la evidencia indica que un mayor impuesto a los dividendos sí afecta su inversión”.
Como afirmaba Friedman, el énfasis debe ponerse en controlar la expansión del gasto, más que en el déficit, que siempre termina financiándose con más deuda, impuestos o inflación. Al parecer, no solo los expertos han entendido esto: en la encuesta del CEP, un 83% estima prioritario reducir el gasto en la administración del Estado para mejorar las finanzas públicas. Asimismo, la mayoría se manifiesta contraria a la evasión en el transporte público (73%) y apoya el cobro del CAE (55%, encuesta Black & White).
El centro de estudios Libertad y Desarrollo ha recopilado información de programas mal evaluados: existe una gran cantidad de programas que apuntan al mismo objetivo y, en algunos casos, incluso no queda claro que lleguen a los beneficiarios estipulados. Se reportan US$ 23.000 millones destinados a programas con deficiencias relevantes, y un 86% del gasto evaluado en 2025 por la Dipres cae en la categoría de ineficiente. Debemos aprovechar la oportunidad que brinda el ímpetu del gobierno para recortar gasto mal evaluado, lo que se corresponde con la modernización del Estado y el combate al fraude social.
Por el contrario, la compensación que proponen ciertos parlamentarios apunta a subir el impuesto a los dividendos mediante una desintegración del sistema. Hoy tenemos un sistema parcialmente integrado que impone un mayor impuesto de 9,45% a los dividendos a todos los tramos del impuesto global, salvo el último que lo acota a un 44,45%. La integración total con una rebaja del impuesto corporativo a 23%, según lo propuesto en el proyecto de ley, llevaría la tasa combinada entre el impuesto a la empresa y sus dueños a 40%. La alternativa de desintegrar el sistema generaría una tasa combinada de 53,8%, lo que anularía, al menos parcialmente, los incentivos a la inversión y el mayor crecimiento que este proyecto contempla. Para las empresas que tienen una restricción de fondos internos (utilidades retenidas), la evidencia indica que un mayor impuesto a los dividendos sí afecta su inversión.
El control del gasto debe permitir cumplir las metas de déficit estructural establecidas en el decreto fiscal y alcanzar un equilibrio primario (antes del pago de intereses) que permita estabilizar la deuda. En el cumplimiento de estas metas se juega la credibilidad fiscal, seriamente cuestionada tras los incumplimientos del gobierno pasado.
