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Alto contraste
En Chile solemos hablar de “la derecha” como si fuera un bloque homogéneo. Sin embargo, bajo esa etiqueta conviven tradiciones intelectuales y sensibilidades distintas —y a veces contradictorias.
En términos generales, podría decirse que las derechas comparten una intuición básica: el Estado no debe asfixiar a la sociedad civil ni sustituir la iniciativa privada. Parte de sus roles principales sería corregir externalidades y proveer bienes públicos esenciales —seguridad, justicia, infraestructura—, resguardando un marco institucional que permita a las personas desarrollar sus proyectos de vida con libertad y responsabilidad. Un Estado limitado, pero fuerte en sus funciones esenciales; que haga pocas cosas, pero las haga bien.
“La diferencia no es entre ser duro o blando frente al delito, sino entender que el poder debe estar siempre limitado —aunque incomode— y sujeto a contrapesos”.
Esa definición, sin embargo, se tensiona frente a fenómenos concretos. Pensemos en las políticas impulsadas por Donald Trump en materia de combate al narcotráfico, incluyendo operaciones en que fuerzas estatales han destruido embarcaciones sospechosas de transportar droga hacia Estados Unidos, con escasa transparencia sobre los procesos. Frente a hechos así, una parte de la derecha celebra la señal de “mano dura”: el Estado mostrando fuerza y actuando sin titubeos frente a quienes amenazan el orden.
Otra parte reacciona con incomodidad. ¿Por qué? Porque allí el Estado deja de ser un agente sujeto a reglas y pasa a convertirse en juez y parte; porque se desdibuja el debido proceso; porque se asume que la eficacia justifica cualquier medio.
El corazón del pensamiento liberal —una de las raíces más importantes de la derecha moderna— es la defensa de límites al poder. El Estado puede usar la fuerza, pero bajo reglas estrictas, con controles y garantías. La vida y la libertad no pueden depender de la mera sospecha ni de la voluntad discrecional de la autoridad.
Cuando el Estado se arroga la facultad de quitar la vida sin un proceso judicial robusto, no estamos ante un Estado “pequeño”, sino ante uno que ejerce su poder de la manera más extrema. Y esa expansión —aunque se invoque el orden— se parece peligrosamente a lo que hacen regímenes autoritarios de izquierda: concentrar poder, relativizar garantías y justificar abusos en nombre de fines superiores.
La tentación de la “mano firme” es comprensible en contextos de inseguridad, donde la ciudadanía exige resultados sin importar el costo. Pero es una respuesta emocional. Una derecha que renuncia al debido proceso para mostrar eficacia inmediata corre el riesgo de vaciarse de su tradición más valiosa: la desconfianza frente al poder concentrado y la convicción de que las reglas existen precisamente para los momentos difíciles.
En el fondo, la diferencia no es entre ser duro o blando frente al delito, sino entender que el poder debe estar siempre limitado —aunque incomode— y sujeto a contrapesos. Además, no debe olvidarse que el poder cambia de mano y que ese poder sin límites puede mañana estar en manos de un gobierno totalitario.
Si la identidad política se define por valores y no solo por agendas coyunturales, la pregunta es inevitable: ¿qué queremos limitar realmente —el tamaño del Estado o su poder? Porque un Estado puede ser pequeño en presupuesto y enorme en discrecionalidad. Y esa combinación es, probablemente, una de las más peligrosas para una sociedad libre.
