OCDE: nueva visión de la política industrial
Hernán Cheyre
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Hernán Cheyre
Los anuncios del gobierno en cuanto a retomar la política de clusters para apoyar la innovación han hecho renacer el debate sobre el tema de la selectividad. Quienes nos oponemos a este enfoque basamos nuestra argumentación en tres razones fundamentales. Primero, es presuntuoso suponer que un grupo de funcionarios públicos o de consultores, por elevada que sea su formación académica y profesional, tengan la capacidad de evaluar, anticipar y predecir oportunidades mejor que como lo hace el propio mercado. Segundo, el dinamismo que caracteriza a una economía globalizada hace que en una determinada coyuntura aparezcan oportunidades que no estaban presentes cuando se elaboró la lista inicial de sectores, lo cual no permitiría entregarles el apoyo que podría ser requerido cuando surge la necesidad. Y tercero, la selección de sectores que serán beneficiarios de un apoyo estatal abre campo para presiones entre los distintos sectores para ser parte del grupo de los “elegidos”, en atención a las rentas que ello permitiría generar, con lo cual fuerzas de otro tipo empiezan a influir en la decisión.
En el marco de esta discusión conviene tomar nota de las opiniones que se han emitido en el seno de la OCDE. En el informe Making Innovation Policy Work, publicado este año en conjunto con el Banco Mundial, se señala explícitamente que la estrategia de “elegir sectores ganadores” (picking winners) no es la correcta, por razones en esencia similares a las ya señaladas. Lo que se sugiere es avanzar hacia un enfoque más abierto, propio de economías globalizadas, en que se debe buscar espacios de colaboración estratégica entre los sectores público y privado para cerrar brechas y “tender puentes” que permitan mejorar la productividad, para así poder competir exitosamente en los mercados internacionales. Desde esta perspectiva –señala el informe- debe haber un cambio en el foco y diseño institucional, desde aquel orientado a la selección de industrias específicas, hacia un nuevo sector público capaz de proveer bienes públicos con mayor flexibilidad y más a la medida de lo que requieren los agentes privados para poder competir globalmente.
La Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento presentada por el actual gobierno, a diferencia de lo que fue el tono del discurso oficial en la década pasada, hace suyo parte de este nuevo enfoque y lenguaje. Sin embargo, se insiste en la priorización sectorial. Por ejemplo, el Fondo de Inversión Estratégica, orientado a la provisión de bienes públicos que permitan mejorar la coordinación de sectores en los que se adviertan brechas –lo cual hace mucho sentido-, se define como un instrumento que será utilizado en favor de los sectores priorizados, en un proceso en el que participará también el Consejo de Innovación. ¿Qué sentido tiene priorizar en esta etapa? Peor aún, se propone que los recursos del Fondo –y, por tanto, los sectores elegidos-, sean asignados por un Comité de Ministros, con lo cual las presiones políticas pueden llegar a ser enormes.
Una política de fortalecimiento de los encadenamientos productivos que permitan mejorar la productividad global ciertamente es positiva para el país, y en este sentido los esfuerzos de las agencias públicas por lograr una mejor coordinación entre los distintos agentes participantes en una industria se justifican plenamente en la medida que haya caminos cortados que ameritan que se tienda un puente. Lo que carece de justificación es que se discrimine a priori cuáles van a ser los sectores elegibles para recibir algún apoyo, en base a lo que resuelva un grupo de personas, por bien calificados que éstos estén.
Más lógico sería adoptar un mecanismo de concurso abierto a cualquier sector, otorgándole especial ponderación a la capacidad de cofinanciamiento que se logre con los agentes privados de esa industria, como muestra del grado de compromiso existente y del potencial que el propio mercado le asigna a las distintas actividades.