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Alto contrastePermisos sectoriales: del diseño a la responsabilidad compartida
RODRIGO ROPERT Senior Counsel Aninat Abogados
Existe consenso en que la nueva Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales está bien inspirada y representa una oportunidad para mejorar el sistema actual. La iniciativa establece una gobernanza, reglas de procedimiento comunes, principios y mecanismos para que sean los propios ministerios y servicios públicos los que en forma progresiva vayan simplificando y haciendo más eficiente los procesos de habilitación de proyectos de inversión. Además, resulta muy positivo que con el nuevo sistema los titulares tendrán mas incidencia y certeza en los procesos de evaluación y tramitación de permisos, aumentando la seguridad jurídica.
Según estimaciones del Gobierno, la Ley debiera traducirse en una reducción de un tercio en el tiempo de evaluación de los proyectos y un aumento en el PIB de 2,4% en 10 años.
“Junto a la colaboración, se requiere un cambio cultural en los órganos del Estado, que obligue a pensar sus funciones bajo el prisma de la eficiencia”.
Para cumplir estas expectativas, se debe desarrollar un proceso de implementación muy desafiante, donde además de entrar en funcionamiento la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión dependiente del Ministerio de Economía, la ventanilla única digital y las normas mínimas de procedimiento -como plazos máximos de tramitación y silencio administrativo-, resultará central la interpretación que se haga de los principios y criterios definidos por la ley para hacer más eficiente el sistema, incluyendo el reemplazo de autorizaciones por técnicas habilitantes alternativas, como avisos y declaraciones juradas.
En este marco, destacan los criterios de proporcionalidad, costo–efectividad y simplicidad, a partir del cual las limitaciones normativas deberán adecuarse al riesgo involucrado, definir una solución razonable al menor costo posible, eliminar trabas burocráticas y propender al justo equilibrio entre el interés general y el interés particular de titulares de proyectos.
Como lo proporcional, equilibrado y justo son cuestiones subjetivas que pueden responder a distintas ideologías e intereses, resultará fundamental no solo un fuerte liderazgo de este y los futuros gobiernos, sino también la participación activa de las empresas, la sociedad civil y la ciudadanía en la simplificación y mejora regulatoria, sin disminuir los estándares de protección.
Sin duda, además de una mayor colaboración pública-privada, por ejemplo, a través de mesas de trabajo y procesos de consulta pública de los futuros reglamentos que sean efectivos, se requiere un cambio cultural profundo de los órganos de la administración del Estado, que obligue a pensar sus funciones bajo el prisma de la eficiencia.
Como señala el Informe de la OCDE sobre Política Regulatoria 2025, “una regulación eficaz es una responsabilidad compartida”.
