VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrastePrefijos y cobranza extrajudicial, un caso de descoordinación regulatoria
JORGE HERMANN Economista
En agosto pasado, y como parte de la agenda de seguridad del Gobierno, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) implementó una medida contra el fraude. La solución parecía sencilla: obligar a que todas las comunicaciones derivadas de una relación contractual con el consumidor utilizaran el prefijo 600 y las llamadas no solicitadas (televenta) se identificaran con el prefijo 809. Sin embargo, la Subtel extendió erróneamente esta obligación a la cobranza extrajudicial, pese a tratarse de una actividad regulada por otras leyes y supervisores, imponiendo el uso del prefijo 600.
Con esto, la Subtel igualó simbólicamente a la cobranza extrajudicial con el spam. La trató como una intrusión, como algo de lo cual el consumidor debe defenderse, debilitando su legitimidad como mecanismo formal del mercado financiero.
“La paradoja es evidente, una norma del ámbito de las telecomunicaciones terminó impactando el sistema financiero. Lo que ocurrió fue que la Subtel entró por la ventana en materias que pertenecen al perímetro de la CMF”.
Así, lo que era parte estructural del funcionamiento del crédito, un proceso esencial para mantener la disciplina de pago, pasó a ser interpretado como un mal a ocultar tras un número que nadie quiere contestar.
La paradoja es evidente, una norma del ámbito de las telecomunicaciones terminó impactando el sistema financiero. Lo que ocurrió fue que la Subtel entró por la ventana en materias que pertenecen al perímetro de la Comision de Mercado Financiero (CMF), interviniendo en conductas del mercado financiero y no de las telecomunicaciones.
En este escenario, la CMF no fue considerada en una decisión que afecta directamente su ámbito y quedó expuesta a un efecto regulatorio no previsto. Esto demuestra una descoordinación institucional que terminó desplazando, casi inadvertidamente, a la autoridad financiera de su espacio propio.
Las consecuencias son evidentes. Cuando la cobranza se dificulta, el sistema financiero simplemente ajusta el riesgo con un costo del crédito más caro.
Y como ocurre siempre en estos casos, terminará afectando a los consumidores. Aquellos a quienes la medida buscaba proteger pagarán más por la decisión de la Subtel, con tasas más altas y un menor acceso al crédito, por aumento del riesgo sistémico, lo que terminará afectando la inclusión financiera.
Por lo tanto, cuando se habla de coordinación y coherencia regulatoria, la CMF es el responsable de ordenar y supervisar el funcionamiento del mercado financiero.
La experiencia reciente lo demuestra con las Leyes Fintech, Ciberseguridad y Datos Personales, en que la coordinación interinstitucional ha sido reconocida como un requisito esencial para evitar duplicidades, vacíos o interferencias normativas.
El caso de la Subtel no debiera ser la excepción, la coordinación entre las autoridades competentes puede permitir que las buenas intenciones, no terminen generando efectos nocivos y que, al final del día, los consumidores terminen pagando los platos rotos.
