Un nuevo choque entre el Servicio de Impuestos Internos (SII) y los asesores tributarios.
En mayo de este año, agrupaciones como el capítulo chileno de la Asociación Fiscal Internacional (IFA Chile), la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (Fesit), la Comisión Tributaria del Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores, y el Instituto Chileno de Derecho Tributario (Ichdt) lanzaron una dura misiva cuestionando la legalidad de algunas actuaciones del servicio -en ese momento encabezado por Javier Etcheberry-, apuntando vulneraciones de derechos de contribuyentes, actuaciones ilegales e impuestos desproporcionados.
Este jueves se escribió una nueva polémica entre las partes, ya que Fesit lanzó hoy lo que denomina el "Catálogo de Vulneración de Derechos de los Contribuyentes", un documento que reúne casos reales donde personas y empresas habrían visto afectados sus derechos ante actuaciones de la administración tributaria.
La iniciativa, según explica la entidad que agrupa a académicos y asesores tributarios, busca visibilizar estas situaciones, promover una cultura tributaria más justa y fortalecer las garantías ciudadanas frente al poder estatal.
“Este catálogo busca contribuir a un sistema tributario más equilibrado, donde la protección de los derechos de los contribuyentes sea un principio operativo y no solo declarativo. Nuestro propósito es aportar evidencia y análisis que fortalezcan la confianza entre ciudadanía e instituciones”, dice el presidente de Fesit, Rodrigo Rojas.
El catálogo -que se difundirá de forma quincenal- analizará cada caso siguiendo el estándar legal establecido en el artículo 8º bis del Código Tributario: los hechos, el derecho aplicable y el razonamiento jurídico. Su objetivo, explica Rojas, es contribuir a elevar la calidad del debate público y a impulsar mejoras institucionales en la gestión tributaria.
Primer caso
La primera publicación aborda el caso de una empresa de Temuco, cuyo derecho a operar fue afectado luego de que Impuestos Internos aplicara la “anotación causal N°52”, bloqueando la emisión de documentos tributarios electrónicos sin resolución fundada, sin procedimiento previo y sin notificación formal.
El Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) de La Araucanía, en sentencia del pasado primero de diciembre, concluyó que la actuación del SII careció de habilitación legal, resultando “ilegal y arbitraria”, y que vulneró los derechos garantizados en el artículo 8º bis del Código Tributario, además de garantías constitucionales relacionadas con el ejercicio de la actividad económica, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
Asimismo, el fallo ordenó al servicio abstenerse de aplicar nuevas restricciones sin cumplir con las exigencias legales y condenó al SII al pago de costas.
Según la fundación, este caso refleja un problema estructural: "Actuaciones administrativas que afectan la actividad económica de los contribuyentes sin las debidas garantías, lo que erosiona la confianza ciudadana y dificulta el cumplimiento tributario voluntario".
“La tutela efectiva de los derechos de los contribuyentes es esencial para la legitimidad del sistema tributario y la vigencia del Estado de Derecho”, recalca la entidad en el documento.
Asimismo, enfatiza la necesidad de fortalecer los procedimientos, garantizar actuaciones proporcionales y asegurar que las medidas del SII cuenten siempre con fundamento legal claro.
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