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Alto contraste
Por segundo año consecutivo, la productividad total de factores muestra una contribución positiva al crecimiento económico. Así lo confirmó la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad en la presentación de su Informe Anual 2025, destacando que se trata de una dinámica que no se observaba desde el bienio 2011–2012. Tras más de una década de estancamiento, no es un dato menor. Lo que sí llama la atención es que este hecho no esté siendo destacado con mayor fuerza, como si se tratara de un rebote estadístico y no de una señal que debiera activar una reflexión estratégica más profunda.
La pregunta relevante no es solo por qué la productividad vuelve a crecer, sino qué debe ocurrir para que este comportamiento sea estructural y no transitorio. Y aquí el diagnóstico nos lleva a razonar que la productividad no depende únicamente de inversión, capital humano o tecnología. Depende, sobre todo, de la calidad de las reglas, de los incentivos que generan y de las decisiones que toman quienes gobiernan el sistema económico, tanto desde el Estado como desde las empresas.
“Sin un buen gobierno corporativo, sin integridad y sin una lectura estratégica del entorno regulatorio, la productividad se vuelve frágil y reversible”.
Cuando la regulación es excesiva, incoherente o mal coordinada, y cuando los procesos de permisos son largos e inciertos, la reasignación de recursos se frena. Proyectos viables se retrasan o se abandonan, empresas más eficientes no logran escalar y capital y trabajo quedan atrapados en actividades de bajo retorno. El efecto no es solo microeconómico: se traduce en menor productividad agregada y menor crecimiento potencial.
Pero este no es un problema exclusivamente público. El sector privado también tiene responsabilidades que no puede eludir. Proyectos deficientemente diseñados, estrategias de corto plazo, estructuras opacas o decisiones que trasladan riesgos al entorno terminan elevando la desconfianza, encareciendo la regulación y reforzando las fricciones que luego se atribuyen solo al Estado. Sin un buen gobierno corporativo, sin integridad y sin una lectura estratégica del entorno regulatorio, la productividad se vuelve frágil y reversible.
Por eso, la discusión sobre permisología no debiera reducirse a un debate de plazos o trámites. Es, en esencia, una discusión sobre gobernanza. Cuando las reglas se diseñan y aplican sin un hilo conductor, sin propósito y sin una visión sistémica de largo plazo, la regulación se vuelve acumulativa, pero no estratégica. Se cumple, pero no se gobierna; y el resultado es un sistema que decide mal y termina debilitando aquello que busca proteger.
Que la productividad lleve dos años consecutivos en terreno positivo es una oportunidad real. Pero para que no sea un paréntesis, se requiere algo más que celebrar cifras. Se requiere gobernar mejor: desde el Estado, desde los directorios y desde la alta administración. Porque no hay productividad sostenible sin buenas reglas, ni reglas efectivas sin instituciones y líderes dispuestos a hacerlas funcionar.
