La publicación del Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre dejó en evidencia un escenario fiscal más estrecho de lo que se anticipaba. Entre otros aspectos, el déficit efectivo de 2025 resultó mayor al previsto (3,7% del PIB, cifra preocupante considerando los elevados precios del cobre), la trayectoria de deuda superará en el corto plazo el umbral prudente de 45% del PIB y no se lograría cerrar el déficit fiscal a 2030. En este contexto, es clave ser precisos en la lectura de estas cifras, y reconocer que no estamos ante un mayor deterioro de las finanzas públicas, sino ante un sinceramiento de la situación real, explicado principalmente por el deterioro acumulado en los últimos años.
El ajuste de proyecciones responde a varios factores. Primero, la existencia de un déficit mayor al esperado en 2025 implica un punto de partida más exigente y con mayores necesidades de financiamiento. Segundo, las nuevas proyecciones asumen un escenario más conservador respecto de la recaudación derivada de la Ley de Cumplimiento Tributario, que se tuvo que implementar tras los desvíos de 2024, y que originalmente estimaba una mejora en el balance fiscal cercana a 1,5% del PIB para los años siguientes, pero ha recaudado significativamente menos de lo esperado (en torno a 0,1% del PIB). Por ello, el supuesto se redujo a 0,5% del PIB, equivalente a casi US$ 4 mil millones anuales de lo contemplado previamente. A ello se suman estimaciones más acotadas de ingresos no mineros y el reconocimiento de diversos gastos que, de acuerdo al informe, no estaban previstos. Todo lo anterior elevó la proyección de déficit para este año con un mayor esfuerzo futuro.
“Es valioso que estos temas estén al centro de la discusión y que iniciativas como reducciones de impuestos, invariabilidad tributaria y mejoras al sistema de permisos, entre otras, puedan contribuir al dinamismo de la inversión y del crecimiento”.
¿Qué implicancias tiene este sinceramiento? Podemos destacar al menos tres. Primero, está fuera de discusión la urgencia de un ajuste fiscal, a través de una reducción gradual pero consistente del déficit estructural. Segundo, dicho ajuste debe apuntar al origen del problema, que fue el exceso de gasto y no la falta de ingresos (de hecho, en 2025 alcanzaron cerca de 22% del PIB, en línea con años previos). Tercero, el incumplimiento consecutivo de los compromisos fiscales, que fueron autoimpuestos por las propias autoridades, exigirá esfuerzos adicionales para cumplir la meta de déficit de 1,5% hacia 2030 y evitar una mayor erosión de la credibilidad fiscal. Hoy es incluso más urgente recuperar la credibilidad que el balance fiscal.
Para cerrar, no puedo dejar de destacar la importancia de impulsar medidas que promuevan un mayor crecimiento económico, que es sin duda la principal fuente de ingresos de largo plazo. Es valioso que estos temas estén al centro de la discusión y que iniciativas como reducciones de impuestos, invariabilidad tributaria y mejoras al sistema de permisos, entre otras, puedan contribuir al dinamismo de la inversión y del crecimiento. Hoy más que nunca es fundamental tomar decisiones con visión de largo plazo, incluso si ello implica asumir costos transitorios, como un mayor déficit fiscal en el corto tiempo, cuando los beneficios de largo plazo son mayores.
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