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Alto contrasteUn tribunal sin magistrados: la paradoja de la justicia ambiental
FERNANDO MOLINA MATTA Socio Fundador Molina Matta y Asociados
Con la salida del ministro Cristián Delpiano del Segundo Tribunal Ambiental, el pasado 10 de octubre, el tribunal quedó con solo dos integrantes. En otras palabras: no puede funcionar solo y como solución de emergencia debe pedirle a la Corte de Apelaciones que designe ministros para completar el quórum.
La propia ministra presidenta, Marcela Godoy, reconoció que las suplencias excepcionales se han transformado en la regla general. Lo que debía ser una medida transitoria se ha institucionalizado, revelando la precariedad en que opera una de las instancias más relevantes de la institucionalidad ambiental.
“Urge una reforma profunda, con un sistema de nombramientos más ágil, que garantice competencia técnica e independencia real”.
El problema es serio, porque afecta a una de las piezas clave del entramado ambiental chileno. Junto con la Superintendencia del Medio Ambiente, estos tribunales han elevado los estándares de fundamentación, transparencia y participación ciudadana, pilares esenciales para la legitimidad de las decisiones ambientales.
Pero, tras más de una década desde su creación, el sistema pide una actualización urgente. La politización en la designación de los ministros, las limitaciones técnicas y la ausencia de mecanismos de resolución alternativas más flexibles deben incorporarse con urgencia en la agenda pública. El proceso de nombramiento, además, resulta innecesariamente largo y desgastante. Los candidatos son propuestos por el Consejo de Alta Dirección Pública, la Corte Suprema selecciona una quina, y después deben obtener el acuerdo del Senado y del Presidente. Un trámite que se plantea como equilibrio institucional, pero que en realidad termina en negociaciones que alejan a los mejores candidatos y alargan indefinidamente los nombramientos.
¿Cuál es el rol que cumple el Senado? El Tribunal Ambiental no requiere asegurar equilibrios políticos en su operación, sino que más bien se debe asegurar sus competencias técnicas y fortalecer la independencia en sus decisiones. Existen instancias en el Poder Judicial que así lo aseguran. Sus resoluciones son importantes, pero no difieren en naturaleza de las que adoptan otros órganos jurisdiccionales.
Por otra parte, los procedimientos son excesivamente rígidos, con escasa interacción entre los actores, pocas instancias técnicas para esclarecer los hechos o lograr acuerdos alternativos. Las reclamaciones contra decisiones del Servicio de Evaluación Ambiental o de la Superintendencia se reducen muchas veces a la presentación de antecedentes escritos y a un breve alegato final. Lo mismo pasa con las demandas por daño ambiental. Se espera que los jueces comprendan conflictos técnicos, sociales y territoriales, pero sin herramientas adecuadas para hacerlo.
Los Tribunales Ambientales necesitan una reforma profunda: un sistema de nombramientos más ágil, que garantice competencia técnica e independencia real; procesos más abiertos y participativos; y capacidades suficientes para enfrentar la creciente complejidad de los conflictos ambientales. De lo contrario, seguiremos teniendo tribunales que existen en el papel, pero sin jueces en la sala.
