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Alto contrasteUna decisión incomprensible y contradictoria
CARLOS CRUZ Director ejecutivo Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
La reciente decisión del gobierno de frenar la adjudicación de los corredores de transporte público de las rutas 150 y 160 constituye un revés inexplicable y derechamente perjudicial para la Región del Biobío. Resulta, además, profundamente contradictoria con el discurso oficial que promete estimular la inversión privada en infraestructura pública. En un momento en que el país necesita reactivarse económicamente, el Estado opta por paralizar proyectos que en conjunto superan los US$ 400 millones de inversión privada.
Esta medida erosiona la certeza que el sistema de concesiones debe ofrecer al sector privado para invertir. Revocar la adjudicación de proyectos que ya contaban con la aprobación de los organismos técnicos introduce un factor de incertidumbre gravísimo. Se trata del uso de una facultad discrecional e injustificada, que contradice abiertamente los esfuerzos de la propia Dirección de Concesiones por dar mayor certidumbre a financistas y accionistas. Como ha advertido la industria, revertir un proceso prácticamente concluido ahuyenta a los inversionistas justo cuando más se les necesita.
El argumento de la “estrechez fiscal” esgrimido por Hacienda para justificar este frenazo carece de visión de futuro. El Estado no comprometerá recursos relevantes hasta dentro de al menos cuatro años, cuando las obras entren en operación y comiencen a prestar servicios. Para entonces, y según las propias proyecciones del gobierno, la economía ya debería estar creciendo a tasas superiores al 3,5%.
“Revocar la adjudicación de proyectos que ya contaban con la aprobación de los organismos técnicos introduce un factor de incertidumbre gravísimo”.
Por el contrario, se trata de proyectos de altísima productividad. Ampliarán la disponibilidad de vías en una región que sufre una congestión crítica —donde hoy los traslados pueden tomar hasta 90 minutos en tramos de apenas 10 kilómetros— y que además exhibe una preocupante siniestralidad vial. Ese mismo aumento de productividad y eficiencia logística generará los recursos para pagar la inversión que lo hace posible. Es una obra de enorme rentabilidad social, cuyos beneficios se prolongarán por décadas, y que también liberará las carreteras para el indispensable transporte de carga, hoy congestionadas por la falta de alternativas viales adecuadas.
A esto se suma un impacto laboral innegable: estas obras prometen generar más de 4.000 empleos directos anuales durante los tres años de construcción. Estamos ante un proyecto que es, literalmente, puro empleo, algo fundamental para una región como el Bío-Bío, que tanto lo necesita.
Finalmente, resulta doloroso el centralismo de la medida: mientras en Santiago se anuncian millonarias líneas de Metro, a las regiones se les niega el desarrollo. El Biobío requiere con urgencia un impulso inversor potente para salir de su estancamiento. Por todo lo anterior, resulta imperativo que el gobierno revoque esta mala decisión. Solo enmendando este rumbo, y dando luz verde a la adjudicación, se podrá recuperar la confianza perdida y reinstalar la alianza público-privada como el verdadero motor de crecimiento que Chile necesita.
