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Alto contrasteUna errática agenda en regulación ambiental
MANUEL MATTA Socio de Aylwin Matta Abogados FRANCISCO TAPIA Consejero Aylwin Matta Abogados
La agenda regulatoria del Gobierno en materia de permisos ha sorprendido para bien y para mal. Para bien, porque ha efectuado dos cambios relevantes para el desarrollo de proyectos: la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que agilizará la obtención de permisos, y la reforma al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que facilitará la modificación de proyectos que ya cuentan con resolución de calificación ambiental y que está próxima a ser publicada. No obstante que la implementación de ambos marcará la magnitud del aporte, desde ya son valorables los avances que estos cambios regulatorios representan.
Sin embargo, en una de las materias más críticas para la agilización de proyectos de inversión, como lo es el patrimonio cultural, el Ejecutivo no acierta. Ello, pese a que tanto la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad como la Contraloría General de la República han señalado que en esta materia se generan cuellos de botella que impactan fuertemente el desarrollo de proyectos.
“En patrimonio cultural, una de las materias más críticas para la agilización de iniciativas de inversión, el Ejecutivo no acierta. Ello, pese a que la CNEP y la Contraloría han señalado cuellos de botella que impactan fuertemente el desarrollo de proyectos”.
El Ejecutivo ha impulsado un proyecto de ley y un nuevo Reglamento de Intervenciones Arqueológicas y Paleontológicas que resultan insuficientes para solucionar los problemas existentes en la tramitación de permisos ante el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).
Primero, el proyecto de ley actual desaprovecha inmejorables oportunidades para agilizar permisos sin sacrificar la protección del patrimonio cultural.
Por ejemplo, no zanja la discusión sobre qué es patrimonio relevante, como sí ocurre en otros países; no integra -como sí ocurre en la regulación ambiental- una evaluación de los impactos económicos y sociales que genera la declaración de patrimonio cultural y, sobre todo, el reconocimiento de patrimonio cultural inmaterial y sus medidas de salvaguardia.
Por su parte, la propuesta reglamentaria, no disminuye la excesiva cantidad de autorizaciones que se deben solicitar al Consejo de Monumentos Nacionales e incluso reduce la vigencia de ellas de cinco a tres años.
Segundo, aumenta la burocracia. El proyecto de ley sube el número de consejeros de 22 a 30, sin una justificación aparente. Además, establece nuevos delitos y aumenta las penas y las multas ya existentes. La propuesta de reglamento, por su parte, incorpora potestades sancionatorias al CMN las cuales, por lo demás, adolecen de dudosa legalidad al ser consagradas sin mandato legal.
Tercero, el Gobierno olvidó el Acuerdo de Escazú en estas materias. Lo esperable, de un reglamento tan relevante como el de Intervenciones Arqueológicas y Paleontológicas, es que sea puesto en consulta pública y reciba observaciones de todos los actores interesados.
Sin embargo, el Gobierno no lo puso en consulta [lo que sí hizo el Gobierno anterior sin Acuerdo de Escazú de por medio]. La limitación a la participación ciudadana se ve también replicada en el proyecto de ley, que establece posibilidades muy limitadas para que la sociedad civil pueda aportar su visión en las decisiones de la autoridad.
En definitiva, el Gobierno -que ha repetido incesantemente que crecimiento económico y protección ambiental pueden ir de la mano- no ha sido capaz de proponer una alternativa que cumpla con aquello en materia de patrimonio cultural. Aún está a tiempo.
