El último trámite que quedaba en el acuerdo Codelco-SQM para explotar el Salar de Atacama hasta el año 2060 sorteó una valla definitiva y final... aparentemente.
La Contraloría General de la República, encabezada por Dorothy Aurora Pérez Gutiérrez, tomó razón del contrato de arrendamiento de las pertenencias en el Salar de Atacama -cuyo titular es Corfo- con Minera Tarar, de la cuprera estatal, que constituye la base que sustenta todo el deal con la compañía ligada a la familia de Julio Ponce Lerou.
Pero este trance en la entidad contralora no fue fácil, sino que requirió que Codelco y Corfo realizaran una serie de adecuaciones y rectificaciones. Y de hecho, la Contraloría señaló que tomó razón del texto "con alcances e intrucciones", uno de los cuales es que la creación de la filial Minera Tarar debe pasar por un control previo de legalidad.
Otro punto que advierte el ente controlador es que Codelco está obiigado a mantener una participación en la sociedad superior al 50%.
Pese a que este documento clave se ingresó el 22 de septiembre y se esperaba una trámitación rápida, la Contraloría pidió una serie de antecedentes, entre ellos el contrato de corporación estatal con su asesor financiero internacional, Morgan Staley.
Además, en diciembre, el proceso tuvo un imprevisto y el documento fue sacado del trámite para hacerle rectificaciones. "Con fecha 4 de diciembre se retiró la resolución con el fin de adecuar aspectos formales y se volvió a ingresar con fecha 9 de diciembre de 2025", explicó Corfo a este medio.
Pero ahora, las empresas están descorchado champaña. Según Codelco, "la toma de razón de la Contraloría General de la República completa el ciclo de autorizaciones nacionales e internacionales requeridas para el Acuerdo de Asociación para desarrollar el litio en el Salar de Atacama, luego de que más de 20 autoridades públicas y regulatorias en Chile y en ocho países revisaran y validaran el proceso".
Así las cosas, para la corporación "restan únicamente los pasos legales y administrativos finales para la materialización de la fusión de las filiales de Codelco y SQM que conformará la sociedad conjunta".
La estatal señala que las indicaciones de Contraloría serán resueltas por Codelco en el plazo solicitado por la autoridad.
La firma de los contratos entre Corfo y Minera Tarar, como la modificación de los actuales contratos entre Corfo y SQM, fue posible luego de la realización de un proceso de consulta indígena liderado por Corfo y que para las comunidades supone una transferencia anual del orden de US$ 150 millones.
Largo camino
Desde el inicio de las conversaciones en mayo de 2023, el anuncio del Memorándum de Entendimiento en diciembre de ese año y su formalización en mayo de 2024, el acuerdo Codelco-SQM ha recibido una serie de aprobaciones de autoridades a nivel internacional y local. Entre ellas la Fiscalía Nacional Económica de Chile (FNE) y los organismos de competencia de Brasil, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, la Unión Europea y la República Popular China.
Adicionalmente, las filiales de Codelco y SQM que se fusionan recibieron la aprobación de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) de las cuotas de extracción.
Ahora, Codelco y SQM avanzan hacia los pasos finales para la fusión de las filiales de Codelco y SQM -Tarar y SQM Salar- que conformará la sociedad conjunta para el desarrollo del litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060.
Lo que pidió Dorothy Pérez
El oficio de toma de razón detalla los peros que encontró la entidad dirigida por Dorothy Pérez. Una es que la creación de Minera Tarar SpA por parte de Codelco está afecta al control previo de legalidad de la Contraloría y debe regularizarse antes de continuar con la operación.
Lo segundo es lo relativo a la participación del Estado. Por eso se instruye que la corporación del cobre debe mantener participación mayoritaria, de más de 50%, en la sociedad. Cualquier disminución debe ser aprobada por el Consejo de Corfo y remitida a la Contraloría para control de legalidad.
Contraloría también dictamina que los aportes a gobiernos regionales y municipalidades deben ejecutarse conforme a la normativa y jurisprudencia vigente, respetando principios de probidad administrativa.
La entidad de control también llamó la atención sobre inconsistencias técnicas en los documento: se observaron discrepancias entre la cantidad de pertenencias mineras consignadas y lo graficado en los anexos. Así, Corfo incorporó rectificaciones para corregir estas inconsistencias.
La Contraloría corrigió contradicciones en la forma en que las multas por incumplimiento se relacionan con indemnizaciones y advirtió errores en la fundamentación de la versión original de la resolución. Corfo los subsanó en la versión revisada.
Además, el ente controlador instruyó una serie de precisiones. Una es que la Estrategia Nacional del Litio es un marco obligatorio. Además, antes de formalizar el contrato con SQM, debe acreditarse que la constitución de Tarar SpA cumplió con el control previo de legalidad.
El órgano de control conminó a que cualquier modificación futura que reduzca la participación de Codelco en la sociedad deberá tramitarse como acto administrativo con control previo de legalidad.
Como el deal tiene vigencia desde el 1 de enero de 2025, se hace retroactivo para efectos del contrato. Por ello, Codelco recibirá el equivalente a la venta de 33.500 toneladas de carbonato de litio de este año, que según distintas estimaciones suponen unas US$ 300 millones en ventas.
La inédita auditoría
La entidad dirigida por Dorothy Pérez anunció este jueves una auditoría profunda a raíz de las reclamaciones de diputados y representantes de asociaciones indígenas, según se desprende del oficio emitido con fecha 18 de diciembre de 2025.
“CGR iniciará inédita auditoría ante denuncias de parlamentarios relativas al Acuerdo Codelco-SQM, en tanto que por orden expresa de los Tribunales de Justicia, o por tratarse de aspectos de mérito, CGR se encuentra impedida de dictaminar sobre la mayoría de las reclamaciones recibidas respecto de dicho acuerdo”, dijo esa repartición en su cuenta de X.
Según las compañías involucradas, esta decisión sólo se vincula a la denuncia de los parlamentarios y no afectaría la toma de razón del contrato, que iría por un carril separado.
Codelco valoró el oficio emitido por la Contraloría, en respuesta al requerimiento de un grupo de diputados y otros solicitantes, que da cuenta de la imposibilidad legal de ese organismo para pronunciarse sobre materias ya resueltas por los tribunales de justicia en relación con el acuerdo de asociación con SQM. A juicio de la corporación, el oficio "confirma que no existen observaciones de fondo pendientes sobre dicho proceso".
Los diputados que efectuaron la denuncia ante el ente contralor fueron Carlos Bianchi, Camila Musante, Raúl Soto, Cristián Tapia y Héctor Ulloa, quienes pidieron un pronunciamiento sobre la legalidad de la asociación entre Codelco y SQM.
Además de estos parlamentarios, se dirigieron a la Contraloría, por separado, el representante de la comunidad índigena atacameña de Checar, Camilo Lagos, así como la dirigenta de la comunidad atacameña de Coyo, Lady Sandón.
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Valeria Ibarra
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