Urnas

Padre Raúl Hasbún

Urna es una cajita en que se depositan papeletas de sorteos o votaciones secretas. El domingo 19 esas urnas recibirán nuestros votos. Y esos votos serán algo más que expresión de nuestras preferencias o desahogo de nuestras hostilidades o indiferencias. Si por estas dos últimas razones votamos en blanco, o nulo, o nos abstenemos de votar, incurriremos en deliberada omisión de un deber moral, ya que no legal: cada voto que no marca preferencia deja espacio abierto a que se impongan preferencias activas y decisivas del porvenir de Chile en el próximo cuatrienio. Las quejas vertidas después de una elección contra la incompetencia o corrupción de los elegidos se vuelven en contra de quienes, desprovistos de responsabilidad cívica, usaron la urna como un receptáculo de sus vómitos anti-todo.

Preferir en las urnas a un candidato implica conferirle un mandato. Sabido es que el mandatario responde ante su mandante. Este le confía poder para realizar, en su nombre, determinadas tareas, de cuyo cumplimiento aquél deberá rendirle cuenta. Uno no da este poder a un desconocido. Tampoco a uno que no posee experiencia ni credencial alguna de las capacidades requeridas por el mandato. Y mucho menos a uno que conocidamente profesa convicciones del todo contrarias a las de su mandante, y ha hecho pública su decisión de realizar, si es elegido, precisamente lo contrario de lo que éste le encargó. Estas verdades del Derecho público y privado y de elemental ética republicana son, además y primero, de sentido común. Incomprensible, trágicamente son millones quienes las ignoran o, conociéndolas, las desprecian y pisotean.

El Catecismo de la Iglesia Católica, que recién celebró sus bodas de plata desde su promulgación por San Juan Pablo II, es claro y categórico en condenar, como pecado gravísimo, todo atentado directo y deliberado contra una vida humana inocente e indefensa. El aborto procurado es un crimen abominable, y su ejecución consumada se penaliza con excomunión automática. Similar en claridad y peso es la reivindicación del matrimonio entre varón y mujer, indisoluble y abierto a la procreación; con la consiguiente condena del divorcio, adulterio y uniones civiles o de hecho que, destituidas de esas notas y exigencias esenciales pretenden equipararse al matrimonio. Hay candidatos a la Presidencia o al Congreso que ya manifestaron su adhesión activa al aborto legalizado y hoy promueven con lírico entusiasmo el matrimonio mal llamado igualitario. Quien, bautizado y en comunión con la fe de la Iglesia católica da su voto-mandato a uno de esos candidatos, incurre en el pecado de cooperación al pecado de otro (art. 1868 del Catecismo). Idéntica culpa asume quien, pudiendo y debiendo evitar con su voto ese previsible daño moral, omitió hacerlo por pereza, indiferencia o comodidad.

Sin esta coherente responsabilidad de los votantes, la urna terminará conteniendo las cenizas del Estado de Derecho.