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Alto contrasteAmarre del empleo fiscal
A menos de tres meses de dejar La Moneda y sin justificación técnica, el Gobierno decidió “amarrar” a sus puestos de trabajo a miles de funcionarios públicos que deben cesar a fines de este mes, antes de que asuma la nueva administración. La norma que habilitaría la renovación automática de los funcionarios a contrata con más de dos años en el Estado, incluida en el proyecto de reajuste de remuneraciones del sector público, no solo está en abierta contradicción con los planes del Presidente electo, sino también con dictámenes de la Contraloría y de los tribunales de Justicia.
Junto a la propuesta de alza de 3,5% en los salarios, el Gobierno y las asociaciones de empleados fiscales acordaron una cláusula inédita en este tipo de negociaciones que transforma la naturaleza del empleo a contrata. De acuerdo con el Estatuto Administrativo, las contratas son transitorias, duran como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año y es su extensión la que por regla general se justifica, no su término. No obstante, en el actual proyecto el Gobierno ha decidido introducir una norma que en su numeral 15 establece que su no renovación o su renovación en condiciones distintas deberá realizarse mediante actos administrativos fundados con hechos y fundamentos de derecho, sustentados en criterios objetivos y acreditados, excluyendo expresamente la posibilidad de desvincular por “necesidades del servicio”. Y habilita a los funcionarios con más de dos años a reclamar ante la Contraloría, la que no podrá abstenerse de conocer tales reclamos.
La maniobra está en abierta contradicción con los planes del Presidente electo, los dictámenes de la Contraloría y la Justicia.
La contrata fue concebida como una figura excepcional, limitada a funciones específicas. De hecho, la jurisprudencia ha establecido que el principio de confianza legítima solo opera tras cinco años de servicio continuo, no dos como pretende ahora el Ejecutivo. La medida, por tanto, no solo distorsiona esta figura laboral, sino que restringe de manera inédita la capacidad de gestión del futuro Gobierno y augura una judicialización masiva de desvinculaciones.
El Presidente electo, José Antonio Kast, ha planteado en su programa de Gobierno una reforma estructural al empleo público orientada a reducir su tamaño, que está vinculada a un ajuste del gasto público. La cláusula del Gobierno no solo entorpece esta agenda, sino que revela el tipo de oposición obstructiva que pretenden ejercer.
El problema de fondo, sin embargo, excede esta coyuntura. No existen cifras oficiales sobre la dotación de empleados fiscales. El exministro de Hacienda Mario Marcel sostuvo ayer en una entrevista radial que el Estado cuenta con cerca de 500 mil funcionarios, de los cuales solo 120 mil son de planta y todo el resto es contrata. El crecimiento del empleo fiscal ha sido inorgánico y desordenado. La contrata se ha convertido en el canal por defecto, distorsionando su naturaleza original. Esta situación requiere una reforma seria, con base en datos y evaluaciones técnicas, no en medidas de última hora insertas en leyes ajenas al propósito que las justifica. El Gobierno tuvo cuatro años para presentar una propuesta integral de reforma al empleo público y no lo hizo. El Congreso tiene ahora la responsabilidad de evaluar si convalida esta maniobra o la corrige, porque al final del día el empleo público no existe para proteger privilegios, sino para servir a los ciudadanos.
