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Alto contrasteAranceles ilegales
La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un duro golpe a la política comercial proteccionista impulsada por Donald Trump, al declarar ilegales la mayor parte de los aranceles a las importaciones impuestos por la Casa Blanca, con que el mandatario ha buscado alterar por la vía de la fuerza y la presión las reglas del comercio internacional. El fallo, emitido por seis votos contra tres, tiene alcances económicos y políticos, pues no solo echa por tierra el intento de redefinir unilateralmente el orden comercial, sino que además impone límites al Ejecutivo, al restablecer el equilibrio entre los poderes del Estado.
El máximo tribunal de EEUU dictaminó que la ola arancelaria lanzada el 2 de abril del año pasado, en lo que Trump llamó el Día de la Liberación, es inconstitucional. Tres magistrados de sensibilidad republicana se unieron a tres de línea demócrata para dictaminar la nulidad de la mayoría de los gravámenes aduaneros impuestos a una multitud de países y productos. De acuerdo con la sentencia, las leyes de emergencia invocadas por Trump requerían de la aprobación del Congreso para aplicarse. Se trató de un duro revés judicial para el mandatario en un tribunal de mayoría conservadora, en el que había logrado, hasta ahora, un respaldo consistente hacia sus políticas de Gobierno. El dictamen puede interpretarse, así, como un esfuerzo de la Corte por restablecer los equilibrios de poder para garantizar el Estado de Derecho.
La sentencia de la Corte Suprema de EEUU restablece el equilibrio de poderes, al imponer límites al Ejecutivo.
Desde la perspectiva económica, aunque la sentencia no se refiere a eventuales devoluciones, abre la puerta a reclamos millonarios y masivos. Desde que Trump declaró su guerra comercial, el Tesoro estadounidense habría ingresado a sus arcas unos US$ 240 mil millones, de los cuales cerca de US$ 180 mil millones podrían ser objeto de reclamos, acciones que deberían dirimirse también en tribunales.
Fiel a su estilo confrontacional, Trump calificó el dictamen como una vergüenza, arremetió contra los magistrados, llamándolos antipatriotas, y anunció un nuevo arancel global de 15%, amparado en la Ley de Comercio. Sin embargo, se trata de una fórmula más engorrosa que la anterior, pues permite alzas solo por seis meses, en situaciones de desequilibrios de las cuentas externas y desviaciones del dólar.
En el caso de Chile, con quien Estados Unidos mantiene superávit comercial, los aranceles recíprocos han involucrado un pago promedio efectivo de tarifas de 2,5% y desembolsos adicionales por unos US$ 133 millones. Con la declaración de ilegalidad, los derechos aduaneros se situarían nuevamente 0,03%, el nivel vigente en 2024. El nuevo escenario abre, además, la posibilidad de reconfigurar la negociación arancelaria pendiente entre ambos países.
No obstante, aunque la Corte Suprema de EEUU le ha dicho a Trump que no está por sobre la Constitución, el fallo no elimina la posibilidad de que la Casa Blanca busque más fórmulas para reinstalar barreras comerciales. La definición judicial acota las facultades del Ejecutivo, pero no despeja del todo la incertidumbre respecto de la volatilidad que ha marcado la política comercial estadounidense durante el último año.
