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Alto contrasteCompromisos sociales bajo presión presupuestaria
El déficit fiscal estructural de 3,5% del PIB con que cerró 2025 obligará a un ajuste relevante en el corto plazo, que el próximo Gobierno ha situado en US$ 6.000 millones en 18 meses y que, a juicio de diversos economistas, podría elevarse al menos a US$ 8.000 millones. En un contexto en que los ingresos públicos han sido reiteradamente sobreestimados y las proyecciones debieron corregirse ejercicio tras ejercicio, resulta legítimo preguntarse si el financiamiento de los compromisos sociales permanentes del Estado descansa hoy sobre bases consistentes. La reforma previsional, la Pensión Garantizada Universal (PGU) y la gratuidad en la educación superior son programas de alto impacto y elevado costo fiscal, cuyos supuestos de ingresos deberán ser revisados por la próxima administración, junto con atender sus propias prioridades en materia de seguridad, crecimiento y control migratorio.
La PGU, vigente desde 2022, tiene un costo cercano a 1% del PIB en régimen. Su financiamiento original contemplaba obtener 0,6% del PIB a partir de la eliminación de exenciones tributarias y 0,4% del PIB mediante el uso de holguras fiscales acumuladas. Sin embargo, las exenciones recaudaron no más de 0,3% del Producto y las holguras se consumieron durante el primer año de implementación. En términos estructurales, solo una fracción del gasto quedó respaldada por ingresos permanentes. El saldo pasó a formar parte del gasto recurrente sin una fuente consolidada equivalente.
La magnitud del défict abre dudas sobre el respaldo efectivo de las reformas aprobadas en régimen.
Por su parte, la reforma previsional aprobada en 2025 incrementa el gasto en aproximadamente 1,3% del PIB en régimen. Su principal fuente de financiamiento es la Ley de Cumplimiento Tributario, cuya recaudación fue estimada inicialmente en hasta 1,5% del PIB. No obstante, el FMI ha proyectado que dicha ley podría recaudar a lo más 0,5% del Producto. Incluso considerando la gradualidad de la implementación, la brecha entre el gasto comprometido y la recaudación estructural proyectada es relevante. A ello se suma que el último IFP redujo las estimaciones de ingresos fiscales de mediano plazo en casi dos puntos del PIB respecto de los parámetros utilizados para sustentar estas reformas.
En el ámbito educacional, la gratuidad establecida a partir de 2014 tuvo como base una reforma tributaria que prometía recaudar tres puntos del PIB, pero que en los hechos se ha aproximado a solo un tercio.
El Consejo Fiscal Autónomo ha advertido reiteradamente sobre la necesidad de que los compromisos permanentes se sustenten en ingresos permanentes verificables. En ese marco, la próxima administración ya ha anticipado que la posibilidad de introducir criterios de focalización en materia de gratuidad, ante las restricciones presupuestarias.
La revisión de estos supuestos no es una discusión técnica marginal, pues ante un déficit elevado y proyecciones de ingresos revisadas a la baja, las presiones crecen. La Dirección de Presupuestos y las futuras autoridades sectoriales deberán determinar si los parámetros que respaldan estos compromisos siguen siendo válidos bajo el nuevo escenario macrofiscal. De esa evaluación dependerá no solo la magnitud del ajuste inmediato, sino la trayectoria de las obligaciones sociales en un marco de recursos más acotados.
