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Alto contrasteConcesiones de telefonía móvil
El plan de renovación de concesiones móviles propuesto por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ha abierto un intenso debate en torno a las señales de incertidumbre que la iniciativa estaría introduciendo en el mercado, en un momento económico y político especialmente sensible para el país. La fórmula planteada propone modificar reglas contempladas en la legislación vigente, reemplazándolas por un esquema que podría debilitar el principio de seguridad jurídica, en un sector donde la estabilidad de las reglas es una condición básica para viabilizar inversiones intensivas en capital, de largo plazo y con alto riesgo tecnológico, como las que caracterizan a la industria de telecomunicaciones.
El debate se da en un contexto en que deben renovarse concesiones adjudicadas hace casi 30 años. Se trata de bloques en la banda 1.900 MHz, utilizados inicialmente para tecnología 2G, pero que hoy sostienen servicios 4G y 5G, en los cuales las empresas han desplegado miles de estaciones, con inversiones crecientes y sostenidas. En este contexto, Subtel abrió una consulta en la que propone que la renovación se resuelva mediante un concurso público en que los interesados compitan con proyectos técnicos, y que en caso de empate se otorgue preferencia al concesionario vigente. Este diseño implica someter a competencia el uso futuro de activos ya construidos y desarrollados bajo reglas vigentes que aseguran renovación según el artículo 8 de la Ley General de Telecomunicaciones, sin requisitos adicionales. Así, lo que se trasluce es el intento de traspasar una decisión crítica para el sector a una norma técnica, sin modificación legal ni debate legislativo, lo que agudiza los cuestionamientos.
Introducir incertidumbre implica elevar el riesgo regulatorio, encarecer el financiamiento y postergar decisiones de inversión.
Para expertos y la industria resulta igualmente preocupante el momento en que se impulsan los cambios. Chile atraviesa un ciclo prolongado de bajo crecimiento, caída sostenida de la inversión y estancamiento del empleo. A ello se suma el inicio de un nuevo Gobierno que ha declarado como prioridad reactivar la inversión privada y recuperar la confianza empresarial. Ante este panorama, modificar de manera abrupta y discrecional las condiciones bajo las cuales se materializaron inversiones por miles de millones de dólares no solo contradeciría tal objetivo, sino que podría terminar socavándolo.
Las concesiones móviles no son meros títulos administrativos. Constituyen la base sobre la cual se han desplegado redes, financiado innovaciones tecnológicas y ampliado la cobertura digital del país. Introducir incertidumbre respecto de su renovación implica elevar el riesgo regulatorio, encarecer el financiamiento y postergar decisiones de inversión futuras, con efectos directos sobre el empleo, la calidad de los servicios y el desarrollo tecnológico.
La política pública requiere no solo buenas intenciones, sino también coherencia institucional, respeto por las reglas del juego y una lectura adecuada del contexto económico. Persistir en este camino, justo cuando Chile necesita señales claras de estabilidad y predictibilidad, es un error que el país difícilmente puede permitirse.
