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Alto contrasteConflictos de interés en el nuevo gabinete
Tras la presentación del gabinete que acompañará al Presidente electo, José Antonio Kast, se ha abierto el debate en torno a los eventuales conflictos de interés que podrían enfrentar parte de sus miembros. El asunto era previsible, considerando que se trata de un equipo integrado por una alta proporción de independientes, con trayectorias consolidadas en el sector privado, conocimiento técnico de los ámbitos que conducirán y reconocimiento transversal por su desempeño profesional. Sin embargo, la controversia ha tendido a deslizarse hacia una falsa disyuntiva, que confunde la existencia de potenciales conflictos de interés con faltas a la probidad y que parece presumir que la sola experiencia práctica inhabilitaría para el ejercicio de responsabilidades públicas.
En ese marco, el nombramiento de la exfiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, como futura ministra de Seguridad Pública ha concentrado buena parte de las críticas, al provenir del Ministerio Público, órgano constitucionalmente autónomo. Se han llegado cuestionar, incluso, sus conversaciones previas con el mandatario electo, como si ello constituyera una irregularidad, cuando es evidente que cualquier ofrecimiento de esta naturaleza requiere diálogo previo sobre condiciones, responsabilidades y alcances del cargo. El punto relevante no es ese contacto, sino la adecuada gestión en su rol ministerial de la información reservada sobre causas penales a las que tuvo acceso como fiscal.
La controversia se ha deslizado hacia una falsa disyuntiva, que confunde la mera existencia de potenciales conflictos con faltas a la probidad.
Su caso es ilustrativo, además, por otra razón. Su trayectoria en persecución penal es reconocida e incluye condenas relevantes en crimen organizado. En un contexto en que la seguridad ha sido definida como prioridad, en respuesta a una demanda ciudadana, la pregunta es si el Estado puede darse el lujo de prescindir de capacidades probadas por una interpretación maximalista del conflicto de interés, o si más bien lo que corresponde es asegurar que funcionen los mecanismos de control y transparencia.
La misma argumentación puede extenderse para rebatir los cuestionamientos al futuro canciller, exalto ejecutivo del Grupo Luksic; el ministro de Defensa, con experiencia en directorios y gremios; el titular de Hacienda, consultor de múltiples empresas; y el biministro de Economía y Minería, exvicepresidente de la CPC. Llevada al extremo, la lógica que subyace a la polémica abre una pregunta de fondo: ¿de dónde se espera, entonces, que provengan quienes asumen responsabilidades ministeriales? ¿Exclusivamente del mundo académico, de la política profesional, de trayectorias desvinculadas de la práctica sectorial?
El foco debe estar en la correcta aplicación de los mecanismos que el Estado ya dispone para gestionar los conflictos de interés: declaraciones de patrimonio e intereses, observancia estricta de la Ley de Lobby, cumplimiento de los deberes de abstención y sujeción plena a las normas de la Contraloría, entre varios otros, que buscan asegurar que el ejercicio de la función pública se rija por el interés general y no por consideraciones personales, profesionales o patrimoniales. Tener un conflicto de interés no equivale a corrupción; la falta se configura cuando se actúa pese a él.
