Editorial

Crecimiento y expectativas

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El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ha comenzado, de manera incipiente, a introducir algún grado de realismo en la agenda pública. Ante la evidencia de que los ingresos permanentes serán muy inferiores a lo presupuestado, ha anunciado un ajuste fiscal de

US$ 540 millones que debiera aplacar en parte el mayor déficit fiscal esperado para este año y hacer más creíble el compromiso de reducir paulatinamente el déficit estructural. Junto con ello, ha indicado que existe la necesidad de cambiar el foco y volver a priorizar el crecimiento.

El problema radica en que el frenazo ha sido, en buena parte, auto-infligido. Las reformas tributaria y laboral han causado estragos, lo que se suma a una serie de proyectos de ley que complican la actividad productiva (cambios al código de aguas, la ley de pesca, el mercado del gas, etc.). Además, aún se desconocen los alcances que podría tener un cambio constitucional, generando legítima inquietud en torno a principios elementales que dan certeza jurídica a las inversiones.

Lo anterior se ha visto reflejado en las expectativas empresariales. El Índice Mensual de Confianza Empresarial (IMCE) se mantiene en niveles pesimistas desde abril del 2014, lo que revela el desánimo imperante y advierte de un clima poco promisorio para alentar la inversión. La única forma de revertir el ambiente es que los agentes vuelvan a creer que el gobierno hará todo lo que sea necesario para que funcionen las instituciones, se respeten las reglas de juego y los derechos de propiedad. No basta con las buenas intenciones; se deben tomar acciones que demuestren que el gobierno está convencido que el crecimiento es relevante.

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