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Alto contrasteCrisis en el Poder Judicial
La detención y formalización de la exministra Ángela Vivanco, enfrentando cargos por cohecho, lavado de activos y maniobras ilícitas para el control de salas en el marco de la arista Muñeca Bielorrusa, marca un punto de inflexión sin precedentes en la historia de nuestro Poder Judicial. Si bien el caso Audios ya advertía sobre redes de influencia en nombramientos, esta derivada representa un salto cualitativo: la imputación directa a una exministra de la Corte Suprema de haber comprometido la imparcialidad del juez mediante la presunta venta de fallos y el concierto para alterar la integración de los tribunales.
La crisis del Poder Judicial compromete la vigencia efectiva del Estado de Derecho. Su causa estructural es un diseño institucional hoy agotado, marcado por una concentración excesiva de poder. Al radicar la superintendencia directiva, correccional y económica en la Corte Suprema, el sistema vigente fusiona de manera problemática la función jurisdiccional con la administración del aparato judicial.
El diseño institucional está agotado, marcado por una concentración excesiva de poder. Es esencial que avance la reforma.
El resultado es un gobierno judicial opaco y con una independencia interna extremadamente frágil, en que los superiores jerárquicos inciden directamente en calificaciones, nombramientos y procedimientos disciplinarios de sus subordinados. Estas dependencias verticales han consolidado prácticas de lobby informal y gestiones personales, que también operan como canales de contacto con el poder político, dañando la percepción de imparcialidad. A lo anterior se suma una sobrecarga operativa que comprime los tiempos de deliberación de los tribunales superiores hasta niveles incompatibles con un control efectivo. En ese contexto, aumentan los incentivos y las oportunidades para que redes de influencia incidan en el sentido de las decisiones, dejando al sistema expuesto a riesgos de captura y corrupción.
De aquí se sigue la relevancia del proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial, creando órganos especializados para nombramientos y disciplina, hoy en segundo trámite en el Senado. En lo central, el proyecto busca separar las funciones jurisdiccionales de las funciones de gobierno y administración, y con ello disminuir la concentración de poder y las dependencias verticales que facilitan influencia informal, pero sin crear un Consejo de la Magistratura que concentre todas las funciones.
El detalle del diseño institucional requiere una discusión cuidadosa y con mucha altura de miras, en particular en lo relativo a la integración y atribuciones del propuesto Consejo de Nombramientos, porque de esa arquitectura dependen los resguardos de independencia y el estándar de mérito. Sin embargo, en sus ideas matrices, el proyecto va en la línea correcta.
En ese marco, las autoridades entrantes deben concentrarse en perfeccionar técnicamente el proyecto de reforma, pero sin perder de vista que este parte de un diagnóstico acertado. En el contexto actual, desestimar este avance solo mantendría las condiciones que han vuelto al sistema vulnerable, prolongando indefinidamente la crisis del Poder Judicial.
