Denuncia de colusión en supermercados
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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de las tres mayores cadenas de supermercados del país, acusándolas de haber participado en un acuerdo para fijar, a través de sus proveedores, un precio mínimo de venta de carne de pollo fresco, al menos entre 2008 y 2011.
La denuncia sostiene que con esto se buscó restringir la competencia en este mercado e incluso planteó que estos acuerdos se podrían haber dado también en otras categorías de productos.
La acusación tuvo inmediata repercusión en el gobierno, que repudió energéticamente la existencia de un cartel, y en el máximo gremio empresarial, que sostuvo que, si la denuncia se comprueba, se deberá aplicar todo el rigor de la ley a los responsables y estudiar los mecanismos de compensación a los afectados.
En este caso no hubo delación compensada, como sí ocurrió en la investigación sobre el mercado del papel tissue, y los supermercados involucrados han asegurado que no han participado en acuerdo alguno.
Independiente de lo que resuelva el TDLC, la reiteración de este tipo de denuncias, que ponen en cuestión la correcta aplicación de principios básicos de una economía de mercado, merman profundamente la confianza de los consumidores y tienen un impacto indiscutible sobre la economía.
Tanto los organismos públicos como las entidades empresariales deben actuar con el máximo rigor ante casos como este, de modo de aportar al esclarecimiento de los hechos, al debate serio y a la profundización de las mejores prácticas.
