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Alto contrasteDesafíos ante el fraude digital
El fraude digital ha dejado de ser un riesgo marginal y se ha transformado en una amenaza estructural para la economía del país. El avance de la digitalización, pese a todos sus beneficios en eficiencia, inclusión y competitividad, está trayendo también un crecimiento sostenido de delitos asociados a suplantación de identidad, fraudes financieros y estafas electrónicas, que erosionan la confianza en los sistemas digitales y comprometen la credibilidad institucional.
Aunque Chile cuenta con un sistema financiero sólido y una regulación que ha buscado adaptarse a los riesgos emergentes, la magnitud de los ilícitos sigue aumentando. De acuerdo con cifras de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las entidades bancarias recibieron reclamos por fraude por más de $ 275 mil millones en 2024, lo que impulsó la dictación de una norma que obliga a reforzar la autenticación en transacciones digitales mediante mecanismos de múltiple factor o biometría.
No obstante, aunque la regulación avanza, las cifras reflejan que no basta con reforzar la infraestructura tecnológica si no se impulsa una cultura de prevención más amplia. Un reciente informe de TransUnion reveló que casi 9% de los consumidores chilenos fue víctima de fraude digital en el segundo semestre de 2024, con pérdidas promedio cercanas a $ 3 millones por persona. El vishing –llamadas telefónicas fraudulentas para obtener claves- comienza a consolidarse como uno de los s principales canales de ataque, lo que evidencia que el riesgo se desplaza hacia espacios donde la regulación formal tiene menor alcance.
Aunque el país ha dado pasos positivos en adopción de certificaciones internacionales de seguridad en startups financieras, respuestas rápidas de compañías ante incidentes de ciberataques y programas regulatorios que acompañan a segmentos vulnerables, aún se trata de medidas aisladas.
De allí la urgencia de instalar un enfoque integral, en que el Estado se haga cargo de disponer de estándares regulatorios homogéneos, en consonancia con una política empresarial transversal que adopte criterios basados en la autenticación robusta, el monitoreo en tiempo real con IA para anticipar fraudes, protocolos de respuesta inmediata y transparente ante incidentes, educación para empleados y clientes, y cooperación público-privada, con intercambio de información y estándares mínimos obligatorios
Se trata de un desafío que es también cultural. Mientras no exista la convicción de que la prevención es una responsabilidad compartida –de empresas, instituciones y ciudadanos–, el país seguirá reaccionando con retraso frente a esquemas delictivos cada vez más sofisticados. El fraude digital es dinámico, se sofistica día a día y no respeta fronteras. La verdadera diferencia está en qué tan rápido se logre que la seguridad sea parte integral de la estrategia empresarial y no un apéndice técnico.
