La estrechez presupuestaria que atraviesa el Estado chileno ha estado en el centro de la discusión pública.
Primero, fueron los ajustes al gasto fiscal que aplicó el Ministerio de Hacienda desde fines del año pasado para evitar un nuevo incumplimiento de la meta de balance estructural, de lo que también se hicieron eco algunos candidatos presidenciales; y luego, la discusión sobre el nuevo Sistema Público de Financiamiento de la Educación Superior (FES), que viene a reemplazar al Crédito con Aval del Estado (CAE).
US$ 1.000 millones al año se esperaba que costara la gratuidad, pero hoy supera los us$ 2.000 millones.
A inicios de octubre, la Contraloría General de la República le dio un duro golpe a este último proyecto del Ejecutivo, al determinar que los beneficios que entregaría el Estado a los estudiantes para financiar sus carreras no deben ser considerados un activo financiero, sino un activo contingente, ya que los beneficiarios le pagarán al Estado una contribución recién a partir del primer año de su egreso, con un tope de hasta 20 años. Esto podría implicar que en lugar de ser una operación bajo la línea, sería una sobre la línea y presionaría aún más las alicaídas arcas del Estado.
Hoy, la comisión de Educación del Senado realizará un seminario con autoridades universitarias, economistas y académicos para debatir en torno al nuevo esquema de financiamiento para la educación superior.
Una de esas exposiciones será la del exdirector de Presupuestos entre 2019 y 2021, Matías Acevedo. El hoy académico de la Universidad de los Andes presentará un análisis clave dada la contingencia fiscal: cuánto le costó al Fisco el error en las proyecciones del costo de dos de las principales reformas al sistema educativo de las últimas dos décadas: la creación del CAE y la gratuidad en la educación superior.
¿La conclusión? La mochila para el Estado chileno ha sido muy pesada y continuará siéndolo.
El economista calculó que, al comparar los flujos proyectados en los informes financieros de las dos leyes con el gasto real, se determina que el error de proyección del costo para el Estado fue millonario, equivalente a 5,5% del Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2030, lo que a moneda actual significa unos US$ 21.200 millones.
Los errores
Respecto al CAE -cuya entrada en vigencia fue en 2006-, Acevedo calculó que el mayor costo fiscal acumulado respecto del informe financiero inicial, incluyendo el costo financiero (recompra, recarga, ejecución de garantías e intereses, entre otros) alcanzará US$ 10.280 millones (2,8% del PIB) a 2030.
“En su momento, no se ponderó adecuadamente el riesgo fiscal asociado a que se trataba de créditos para los que el mercado de capitales y la banca iban a mostrar un creciente desinterés para financiar. Tampoco se evaluó correctamente el riesgo de no pago, incluyendo las presiones políticas que, con el tiempo, empujaron a transformar este sistema en una gratuidad de facto”, explica el economista.
En el caso de la gratuidad, que comenzó a regir el 2017 y hoy cubre a hasta el 60% de la población más vulnerable, el error acumulado se estima en US$ 10.989 millones al año 2030, lo que representa un 2,84% del Producto.
“En el caso de la gratuidad, no se estimó adecuadamente el comportamiento estratégico que adoptarían los estudiantes de los deciles 7, 8 y 9, quienes ajustaron su situación socioeconómica para acceder al beneficio. Tampoco se anticiparon las presiones de las instituciones para superar el límite de crecimiento de la matrícula establecido en la ley, ni la presión por incrementar los aranceles regulados, en un sistema que nació estructuralmente desfinanciado”, agrega Acevedo.
Las lecciones que se sacan para el FES
De cara a la discusión sobre reemplazar el CAE con el FES, el exDipres advierte que hay que considerar la historia más reciente de cambios en materia educacional.
“Si la estimación de recaudación del FES falla entre un 10% y un 30%, incluso una fracción menor del error cometido en gratuidad y CAE, podría costarnos, en valor presente, entre 1 y 2 puntos del PIB”, sostiene Acevedo, recalcando que con una deuda pública ya cercana al límite prudente de 45% del PIB “el país no tiene margen para volver a fallar”.
“Es momento de volver a lo esencial y evitar asumir riesgos que hoy no podemos cuantificar: un sistema de crédito contingente al ingreso, administrado y cobrado por el SII, sin asumir nuevos riesgos fiscales que comprometan el futuro de las generaciones que vienen”, concluye.
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