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Alto contrasteDesorden financiero público
La reciente difusión del informe de la Contraloría que detectó un desorden financiero de US$ 17.500 millones en 73 organismos públicos abrió una nueva señal de alerta sobre administración de los recursos fiscales, no solo por la magnitud del monto involucrado, sino porque en todos los casos el organismos se abstuvo de emitir opinión por falta de evidencia para respaldar los saldos contables de las instituciones auditadas. En momentos en que el país se prepara para enfrentar un ajuste fiscal profundo, los resultados del informe respaldan la necesidad de conocer con precisión cómo se recaudan, registran y utilizan los recursos públicos, como condición de gobernabilidad y legitimidad de la política económica.
La Contraloría examinó los estados financieros de 50 instituciones del Gobierno Central y 23 del sector municipal, entre 2020 y 2024. En ninguno de ellos fue posible confirmar la razonabilidad de las cifras reportadas debido a la ausencia de análisis, sustentación documental y registros consistentes.
El informe de la CGR respalda la necesidad de conocer con precisión cómo se recaudan, registran y utilizan los recursos fiscales.
Que los mayores montos cuestionados correspondan a ministerios de sectores estratégicos, como Defensa (US$ 4.500 millones), Vivienda (US$ 1.870 millones) e Interior (US$ 1.700 millones), además de municipios (US$ 1.600 millones) agrava el mensaje, pues no es indiferente que recursos cuyo uso es clave en la provisión de bienes públicos no pase la prueba básica de confiabilidad. Tal vaciamiento técnico expone a riesgos de decisiones mal informadas, incapacidad de evaluar el impacto de políticas públicas y, en el peor de los casos, a que errores graves se enmascaren como simples discrepancias contables.
El propio informe identifica que la falta de evidencia no solo puede deteriorar la calidad de decisiones estratégicas, sino también dar lugar a errores materiales y a situaciones que, en algunos extremos, podrían revestir naturaleza penal, por lo que además de ordenar 27 sumarios y 10 procedimientos disciplinarios internos, remitió cinco casos al Ministerio Público y cinco al CDE. Si bien estas derivaciones no presuponen culpabilidad, denotan la gravedad técnica del diagnóstico.
Más allá de ello, el punto es que la información financiera confiable es esencial para una política pública sólida. El ajuste fiscal anunciado por el nuevo Gobierno exige no solo recaudar más, sino gastar mejor y con trazabilidad absoluta. Difícilmente una estrategia de consolidación fiscal puede sustentarse cuando los propios estados financieros del sector público no superan la prueba básica de auditoría. Ello pone en cuestión la capacidad del Estado para priorizar, asignar y evaluar recursos en sectores clave como educación, salud, infraestructura y seguridad.
De allí que una de las tareas urgentes de la próxima administración no será solo cumplir las metas fiscales, sino también normalizar los sistemas de control financiero, fortalecer la rendición de cuentas y elevar los estándares de información contable.
