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Alto contrasteEl desafío fiscal del próximo Gobierno
La deuda pública alcanzó su mayor récord en cerca de 40 años, al situarse en 43,3% del PIB al cierre del tercer trimestre de 2025. Se trata del nivel más alto desde la década de los ‘80, lo que da cuenta del deterioro acumulado de la posición fiscal del país y abre un conjunto de desafíos para el próximo Gobierno, en un contexto de estrechez presupuestaria, déficits persistentes y con un ajuste fiscal en ciernes, en torno a US$ 6.000 millones en cuatro años.
Las cifras entregadas por Dipres confirman una tendencia que se arrastra desde hace más de una década. El stock de deuda bruta del Gobierno Central alcanzó US$ 149.182 millones, con un aumento de seis décimas del PIB respecto del trimestre anterior, superando incluso las proyecciones del último IFP. Desde el mínimo de 3,9% del PIB registrado en 2007, el endeudamiento público ha seguido una senda ascendente prácticamente ininterrumpida, impulsada por déficits estructurales reiterados, un crecimiento económico insuficiente y un aumento del gasto que no ha sido respaldado por ingresos permanentes. En 15 de los últimos 17 años, el país ha registrado balances estructurales negativos, erosionando los ahorros acumulados durante el superciclo del cobre e instalando una dinámica fiscal difícil de revertir.
El problema no es solo el nivel de deuda, sino la persistencia de un desequilibrio que afecta la credibilidad de la política fiscal.
El principal riesgo de este escenario es la cercanía al nivel prudente de deuda, fijado en 45% del PIB por la regla fiscal dual. Según el CFA solo un cierre efectivo del déficit estructural hacia el final de la administración que asumirá en marzo permitiría estabilizar la deuda por debajo de ese umbral. Si, en cambio, el desequilibrio se mantiene en torno a 2% del PIB -como ha sido el promedio de los últimos años- la deuda superará el nivel prudente y el gasto en intereses seguirá creciendo de manera sostenida. Hoy, el pago de intereses ya representa cerca de 1,5% del PIB y se ha convertido en una de las partidas de mayor crecimiento del presupuesto, desplazando recursos que podrían destinarse a prioridades como seguridad, educación, salud o vivienda.
A este cuadro se suma un contexto de holguras fiscales prácticamente inexistentes y compromisos de gasto permanente que limitan aún más la flexibilidad presupuestaria. La reforma de pensiones aprobada recientemente, junto con una recaudación tributaria que ha estado por debajo de las expectativas y la volatilidad de ingresos asociados al litio, refuerzan la fragilidad del marco fiscal. El problema no es solo el nivel de deuda, sino la persistencia de un desequilibrio que, de no corregirse, eleva el costo de financiamiento del Estado y reduce la credibilidad de la política fiscal.
El próximo Gobierno enfrentará, así, un punto de partida exigente: una deuda cercana a su techo, escasos ahorros y una economía con bajo crecimiento tendencial. El ajuste del gasto es inevitable, pero su magnitud y composición serán determinantes. Al mismo tiempo, las propuestas de rebajas tributarias, aunque relevantes para la competitividad, implican riesgos adicionales si no vienen acompañadas de medidas creíbles de eficiencia del gasto y de un impulso efectivo al crecimiento potencial. El desafío será tanto cumplir las metas, como restablecer una trayectoria fiscal sostenible.
